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Con nuevos topes que disparan la aprobación directa y simplifican trámites, la Jefatura de Gabinete **desata una ola de inversión** que promete mover miles de millones de pesos y sacudir la economía a partir de 2025.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Dirección Nacional de Inversión Pública, acaba de dar un golpe de timón crucial para la agilización de la obra pública en Argentina. Mediante la Disposición 1/2024, se elevan de manera significativa los montos máximos para la aprobación directa de proyectos y la exigencia de documentación complementaria, una medida que busca desburocratizar y acelerar la ejecución de inversiones a partir del 1° de enero de 2025.
Hasta ahora, los organismos iniciadores podían aprobar directamente proyectos de inversión pública por un monto muy limitado. Con esta nueva disposición, el techo se dispara a PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES ($ 3.644.000.000). Esto significa que una cantidad mucho mayor de proyectos podrá avanzar sin la necesidad de pasar por un proceso de revisión más complejo, lo que promete una mayor velocidad en el inicio de obras.
Pero eso no es todo. También se elevó el umbral para la presentación del "Documento Analítico Complementario", un informe detallado que se exige para los proyectos de mayor envergadura. Ahora, este documento solo será obligatorio para proyectos que superen los PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES ($ 36.446.000.000), y la fecha límite para su presentación será el 15 de junio de 2025. La medida deroga la disposición anterior que establecía montos muy inferiores.
Este cambio se fundamenta en la necesidad de agilizar el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y se calculó en base a la proyección de gastos de capital del Presupuesto Consolidado del Sector Público Nacional para 2024, que totaliza unos impresionantes PESOS TRES BILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE COMA DOS MILLONES ($ 3.644.577,2 millones), prorrogado del Presupuesto 2023. La simplificación de estos procesos es una señal clara de que el gobierno busca reactivar la economía a través de la inversión pública, lo que podría generar empleo y dinamizar sectores clave como la construcción y la infraestructura. Los ciudadanos comunes podrían ver una aceleración en obras viales, edilicias y de servicios, tan necesarias en todo el país.
