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APRA otorgó la Declaración de Impacto Ambiental a Red Petrol SA y Magyarkem SRL, permitiéndoles operar con el aval oficial. ¿Son suficientes estos controles para garantizar un desarrollo sostenible en la Ciudad?
La Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad de Buenos Aires ha vuelto a ser protagonista en el Boletín Oficial, otorgando dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y sus respectivos Certificados de Aptitud Ambiental. Estas resoluciones, la N° 106/APRA/26 y la N° 107/APRA/26, son un salvoconducto para que dos empresas, Red Petrol SA y Magyarkem SRL, puedan operar legalmente, al menos desde la perspectiva ambiental.
La Resolución N° 106/APRA/26 beneficia a Red Petrol SA, ubicada en Av. Cnel. Roca 6850. Dada su denominación, es altamente probable que se trate de una estación de servicio o una planta de almacenamiento de combustibles. Este tipo de establecimientos, por la naturaleza de sus operaciones, implican riesgos ambientales significativos, desde derrames de hidrocarburos hasta emisiones contaminantes. La DIA, en teoría, debería garantizar que la empresa ha presentado un plan de gestión ambiental adecuado para mitigar estos riesgos.
Por su parte, la Resolución N° 107/APRA/26 ampara a Magyarkem SRL. Aunque la dirección del establecimiento no se detalla en el resumen del Boletín, el nombre 'Magyarkem' sugiere una actividad relacionada con la química o productos químicos. Las industrias químicas son conocidas por su potencial impacto ambiental, especialmente en lo que respecta a la gestión de residuos peligrosos y emisiones atmosféricas.
Que estas empresas han cumplido con los requisitos formales exigidos por la normativa ambiental porteña. Sin embargo, la obtención de un certificado no es una garantía absoluta de ausencia de impacto. El verdadero desafío reside en la fiscalización y el control constante por parte de APRA. Los vecinos de las zonas aledañas a estos establecimientos, especialmente en barrios como Villa Riachuelo (donde se ubica Av. Cnel. Roca 6850), estarán atentos a cualquier anomalía. La pregunta que flota en el aire es: ¿se hace un seguimiento riguroso de estos permisos o son meros sellos burocráticos? La salud pública y la calidad de vida de los porteños dependen de una respuesta contundente a esa pregunta.
