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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, impone un nuevo y estricto reglamento para la rendición de cuentas de los fondos transferidos a provincias y municipios. Un paso hacia la transparencia o una traba burocrática más.
En un movimiento que busca "consolidar las acciones tendientes a verificar el destino y eficiencia en el uso de fondos públicos", el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1293/2024, aprobó un flamante Reglamento General de la Secretaría de Energía para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes. Esta medida, que entra en vigencia inmediatamente, reemplaza normativas anteriores y obliga a todas las jurisdicciones a ajustarse a un nuevo esquema de control.
La clave de esta resolución es la digitalización total y obligatoria de las rendiciones. Se establece que todas las transferencias y asistencias financieras deberán ejecutarse en formato electrónico, utilizando los módulos Gestor de Asistencias y Transferencias (GAT), Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Esto busca unificar criterios y, en teoría, agilizar y transparentar el proceso.
"La transparencia es fundamental, pero la implementación de estos sistemas puede ser un desafío para las administraciones locales menos equipadas. Esperemos que no se convierta en un cuello de botella para la ejecución de obras y programas esenciales." - Fuentes del Ministerio de Economía.
Las Unidades Ejecutoras de Programas de la Secretaría de Energía deberán elaborar sus propios reglamentos particulares o readecuarlos en un plazo de noventa días hábiles administrativos. Además, se aprueban nuevos modelos de convenio de rendición de cuentas y convenios complementarios, que serán de aplicación obligatoria para las nuevas tramitaciones. Si bien la intención declarada es la de mejorar el control y la transparencia, la centralización y la estandarización de procesos burocráticos siempre generan interrogantes sobre su agilidad y adaptabilidad a las realidades locales. Para el ciudadano, esto podría significar una mayor fiscalización sobre el uso de los fondos públicos, pero también la posibilidad de demoras en la ejecución de proyectos si los entes locales no se adaptan rápidamente.
