¡Mega-Investigación: El BCRA acorrala a importantes casas de cambio!

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha desatado una verdadera tormenta en el sector de las casas de cambio, emplazando a los representantes legales y a varios directivos de tres agencias de peso para que tomen vista de complejos sumarios financieros. La jugada del BCRA, que emitió resoluciones el mismo día para todos los casos, sugiere una acción coordinada y contundente contra posibles irregularidades.

Las agencias bajo la lupa son Atlántida del Rosario Cambios S.A. (CUIT N° 30-71517408-8), Rosario Cambio S.A. y Cambio Belgrano SRL (CUIT N° 30-71615342-4). Lo más llamativo es la recurrencia de los mismos nombres de personas físicas en los distintos expedientes, vinculando a Héctor Oscar Chiappini (DNI N° 14.143.999), Teresa Orifici (DNI N° 16.382.316), Giuliana Gianina Chiappini (DNI N° 37.079.276) y Antonella Georgina Chiappini (DNI N° 35.221.706) con múltiples investigaciones.

Estos sumarios se instruyen en el marco de normativas clave como los artículos 5 de la Ley 18.924 (conforme artículo 131 de la Ley 27.444) y 41 de la Ley de Entidades Financieras 21.526. Las resoluciones (RESOL-2024-307-E, RESOL-2024-308-E y RESOL-2024-309-E), dictadas el 26 de noviembre de 2024, marcan un hito en la investigación. Los implicados tienen 10 días hábiles bancarios para comparecer en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero, presentar sus defensas y ofrecer pruebas.

"Esta es una señal clara de que el BCRA no va a tolerar desvíos en el cumplimiento de las regulaciones financieras, especialmente en un sector tan sensible como el cambiario", afirmó un experto del mercado.

La implicación para las empresas y sus responsables es enorme. No solo enfrentan la posibilidad de sanciones económicas severas, sino también el riesgo de afectar su reputación y operatividad en el mercado. Para el público, estas acciones buscan fortalecer la confianza en el sistema financiero y asegurar que las operaciones de cambio se realicen bajo un estricto marco legal, protegiendo a los usuarios de posibles fraudes o irregularidades. La incomparecencia puede llevar a que la tramitación continúe hasta una resolución final, sin la posibilidad de defensa de los implicados.