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La Dirección Nacional de Vialidad impuso penalidades millonarias a la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. por el pésimo estado de la Ruta Nacional 14, con infracciones que datan ¡desde 1999!
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha desatado un verdadero vendaval de multas contra la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A., por el alarmante deterioro y la falta de mantenimiento en tramos cruciales de la Ruta Nacional N° 14. Lo más impactante: una de las penalidades ¡refiere a incumplimientos de hace un cuarto de siglo!
La Resolución 1262/2024 imputa a la empresa la comisión de una infracción por "deformación transversal excesiva" (mayor a 12 mm) en la RN N° 14, específicamente entre los kilómetros 262 y 272, y 282 y 292. Esta deficiencia, constatada ya en 2017 y persistente en 2018, fue calificada como un "peligro para la seguridad vial" y un menoscabo a las condiciones de estética, seguridad y confort para los usuarios. La DNV desestimó los argumentos de la concesionaria sobre supuestos atrasos tarifarios y falta de pagos, aplicando una multa equivalente a CINCUENTA Y CUATRO MIL (54.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN. Un golpe directo al bolsillo y una señal clara de que el Estado no tolerará la desidia en la infraestructura vial.
Pero la verdadera bomba la trae la Resolución 1261/2024. ¡Vialidad sanciona a la misma empresa por un incumplimiento en la RN N° 14 (Km. 436-446) que data de entre julio y agosto de 1999! Se trata de un "índice de estado característico (IE) menor al valor contractual exigido". La concesionaria intentó defenderse alegando prescripción de la acción punitiva, pero la DNV fue implacable: las actuaciones administrativas suspendieron los plazos de prescripción, manteniendo viva la potestad sancionatoria del Estado. La multa aplicada es de VEINTICINCO MIL SETECIENTAS CATORCE CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS (25.714,29) UNIDADES DE PENALIZACIÓN. Este caso sienta un precedente escalofriante sobre la persistencia de las responsabilidades contractuales, sin importar el paso del tiempo. Ambas resoluciones subrayan la función esencial de contralor que el Estado ejerce sobre los contratos de concesión, priorizando la seguridad y el buen estado de las rutas para todos los argentinos.
