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OCEBA impone una sanción de más de un millón de pesos a la Cooperativa Emilio V. Bunge por incluir cargos no autorizados en las boletas de luz y ocultar información. La medida busca proteger a los usuarios bonaerenses.
¡Escándalo en la provincia de Buenos Aires! La Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Emilio V. Bunge Limitada ha sido fulminada con una multa de $1.147.041,91 por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). ¿El motivo? Incluir en las facturas de luz conceptos ajenos al servicio, como "Servicios Sociales" y "Cuota Sostenimiento Gas por Redes", sin la debida autorización. Para colmo de males, la cooperativa se negó a brindar información crucial al organismo regulador, una falta grave que atenta contra la transparencia y la buena fe contractual.
La resolución del OCEBA no solo establece la multa, sino que también ordena a la cooperativa abstenerse de incorporar estos cargos ilegales en las boletas hasta que obtenga la aprobación correspondiente. Esto es un golpe directo a las prácticas abusivas que, lamentablemente, muchos usuarios han sufrido por años. La normativa es clara: los distribuidores no pueden meter conceptos adicionales sin el visto bueno de OCEBA, tal como lo establece la Ley N° 11.769 y resoluciones subsiguientes.
"El deber de información es una obligación emanada de la buena fe que debe imperar en todo contrato, principio éste que contribuye a dotar a la relación de valores de lealtad, diligencia y probidad."
Además, se reveló que la Cooperativa ya tenía un antecedente de sanción, lo que agravó la situación. Sin embargo, hay un giro inesperado: el cobro de esta multa, y de otras futuras, quedará suspendido hasta que se implemente el primer cuadro tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), iniciada conforme a la Resolución MIySP N° 1133/2024. Esto significa que, si bien la sanción está firme, la cooperativa tendrá un respiro para pagarla, aunque deberá registrarla en una cuenta contable especial. Los usuarios deben estar atentos a sus facturas y denunciar cualquier cargo sospechoso. Esta medida busca sentar un precedente y disciplinar a las empresas para que respeten las reglas de juego.