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El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales aprobó los lineamientos generales del Sistema Integrado de Información Social (SIIS). Este marco normativo busca regular su funcionamiento, integración y resguardo de datos para mejorar el diseño y evaluación de políticas públicas sociales.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente del Ministerio de Capital Humano, aprobó mediante la Resolución 35/2026 los "LINEAMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOCIAL (SIIS)". Esta medida es fundamental para la gestión de la política social nacional, ya que establece el marco normativo que regirá la integración, interoperabilidad, utilización y resguardo de la información social.
El SIIS, creado por Resolución del Ministerio de Capital Humano N° RESOL-2024-652-APN-MCH, tiene como objetivo principal disponer de un repositorio de bases de datos que permita la integración y el cruce de información para diagnosticar la situación socioeconómica de la población. Esto servirá de insumo para la formulación de políticas sociales y para el monitoreo y evaluación de programas en ejecución, buscando una mayor efectividad y transparencia en la asignación de recursos.
Los lineamientos garantizan un uso eficiente y transparente de la información social, en concordancia con principios clave como la protección de datos personales, la seguridad de la información y la cooperación interinstitucional. El CNCPS, como organismo responsable de la gestión del SIIS, es la autoridad competente para la aprobación de esta normativa.
Esta resolución es un paso crucial para modernizar y optimizar la gestión de las políticas sociales en Argentina. Al contar con un sistema robusto y regulado para la información social, el Estado podrá diseñar intervenciones más precisas, evaluar su impacto de manera más rigurosa y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para los organismos públicos, implica un marco claro para la colaboración y el intercambio de datos. Para la sociedad, representa una promesa de mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos destinados al bienestar social.
