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El Presidente de la Nación ha zanjado de forma definitiva la vía administrativa para cinco empleados civiles de la Armada Argentina, quienes reclamaban por su reencasillamiento de 2017. La Justicia, ahora, es su única esperanza.
Una verdadera saga burocrática llega a su fin, al menos en el ámbito administrativo. El Gobierno Nacional, a través de una serie de decretos presidenciales, ha rechazado de plano los recursos jerárquicos interpuestos por cinco agentes civiles de la planta permanente de la Armada Argentina. Estos empleados, entre ellos Gonzalo Esteban LLULL, Roberto José DRAGO, Cecilia Alejandra CASIMIRO, Gisella Noemí ZARATE y Gustavo Adrián BALDEON, llevaban años batallando contra la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 614 del 14 de julio de 2017, que dispuso su reencasillamiento.
La controversia se originó en 2017, cuando se implementó un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (homologado por Decreto N° 2539/15). Varios trabajadores sintieron que sus nuevas categorías, niveles y grados escalafonarios no reflejaban adecuadamente su formación, antigüedad ni las funciones que desempeñaban. Alegaban errores en la aplicación de los artículos 132 al 141 del convenio, que rigen el proceso de reencasillamiento.
Tras agotar el recurso de reconsideración, que fue rechazado por el Ministerio de Defensa en 2024 y 2025, estos agentes elevaron un recurso jerárquico. Ahora, el Presidente de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, ha decidido rechazar estos recursos, dando por agotada la instancia administrativa.
Para los agentes afectados, esta decisión es un golpe contundente. Significa que el Estado ratifica su postura inicial y que no habrá cambios en su situación escalafonaria por esta vía. La única puerta que les queda abierta es la judicial, para lo cual tienen un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales a partir de la notificación de estos decretos. Esto podría derivar en largos y costosos litigios, prolongando una incertidumbre que ya lleva casi una década.
El hecho de que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado haya intervenido en estas resoluciones no es un dato menor. Podría interpretarse como una señal de la política de austeridad y eficiencia en la administración pública, buscando cerrar expedientes administrativos de larga data y evitar reencasillamientos que no se ajusten estrictamente a la normativa interpretada por el Ejecutivo. La decisión del gobierno de cerrar esta vía administrativa, incluso para casos con años de antigüedad y reclamos persistentes, establece un precedente sobre la rigidez en la aplicación de los convenios colectivos en el ámbito estatal.
Para los ciudadanos, esto resalta la complejidad de la burocracia estatal y los desafíos que enfrentan los empleados públicos al intentar resolver disputas laborales o de encuadre. La transparencia y el acceso a la información sobre cómo se aplican estos convenios son cruciales para evitar futuras controversias.
“Con el dictado del presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial...” – Fragmento común de los decretos.
Para mantenerse informado sobre futuras actualizaciones, es fundamental seguir de cerca los anuncios del Boletín Oficial y las novedades en los fueros judiciales contencioso-administrativos.
