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El OCEBA rechazó el pedido de EDES S.A. para eximirse de responsabilidad por cortes de luz debido al robo de cables, considerándolo un riesgo inherente al servicio. Además, inició sumarios a cooperativas de Villa Ruiz y Pinamar por incumplir obligaciones tarifarias.
El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) desestimó la solicitud de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDES S.A.) de encuadrar como fuerza mayor las interrupciones del servicio ocurridas el 13 de febrero de 2024, que afectaron a unos 3.000 usuarios por el robo de conductores de una línea de 33/13,2 kV. La empresa argumentaba que se trató de un hecho externo, imprevisible e inevitable. Sin embargo, el OCEBA, en la Resolución N° 81-OCEBA-2026, sostuvo que el robo de cables, por su frecuencia, es una contingencia propia del riesgo de la actividad eléctrica, que la distribuidora debe prever y mitigar. Por lo tanto, los cortes deberán ser incluidos en el cálculo de penalizaciones por calidad de servicio.
Dentro de la misma publicación, se instruyeron sumarios administrativos a dos cooperativas eléctricas por incumplimientos relacionados con el Agregado Tarifario:
Ambas cooperativas no respondieron a los requerimientos del OCEBA, lo que motivó la instrucción de los sumarios para ponderar las causales de los incumplimientos. El Agregado Tarifario es un componente destinado a la expansión del transporte de energía, y su correcta recaudación y depósito son obligaciones clave para las distribuidoras. Estos procesos buscan asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas que regulan el servicio público de electricidad y protegen los derechos de los usuarios.
Para el ciudadano común: Estas resoluciones impactan directamente en la calidad y el costo del servicio eléctrico. La negativa a considerar el robo de cables como fuerza mayor significa que las distribuidoras deben reforzar la seguridad y asumir la responsabilidad, lo que puede incentivar mejoras en la infraestructura. Los sumarios a las cooperativas buscan asegurar que los fondos tarifarios se administren correctamente, evitando que los usuarios paguen por conceptos no autorizados o que la infraestructura se vea afectada por falta de inversión.
