Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La UTA y Belgrano Cargas lograron acuerdos salariales clave, pero la inclusión de sumas no remunerativas y la intervención del Gobierno avivan la polémica en el sector del transporte.
El sector del transporte, motor fundamental de la economía argentina, también fue protagonista en el último Boletín Oficial. Dos disposiciones del Ministerio de Capital Humano revelan acuerdos salariales que impactan desde los colectivos hasta los trenes de carga, pero no sin controversia.
Por un lado, la Disposición 1343/2025 homologó el acuerdo entre la poderosa UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) y las principales cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros (AAETA, CEAP, CATAP, CELADI). Este pacto, enmarcado en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, establece nuevas condiciones salariales para miles de choferes. Es una noticia de alivio para los trabajadores que ven sus ingresos actualizados, y un factor de presión para las empresas, que deberán ajustar sus costos en un contexto de tarifas reguladas y subsidios.
Pero la cosa se pone más densa con la Disposición 1405/2025, que registra los acuerdos entre la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS FERROCARRILES ARGENTINOS (APDFA) y la empresa BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA. Aquí se pactan nuevas condiciones salariales para la "Línea Belgrano" y, atención, el pago de una suma por única vez de carácter no remunerativo. Al igual que en otros casos, el Ministerio advierte que las partes deben tener presente el Artículo 103 de la Ley N° 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) respecto al carácter de esa suma. Esto abre la puerta a que el Gobierno reinterprete ese pago como remunerativo, con todas las consecuencias que ello implica para aportes, contribuciones y beneficios laborales.
La intervención en Belgrano Cargas es aún más profunda: la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público tomaron parte en el proceso. Esto no solo subraya la injerencia estatal en una empresa con participación pública, sino que también revela una estrategia coordinada para monitorear y, si es necesario, corregir las prácticas de "no remunerativos" en todo el ámbito laboral, tanto público como privado.
"La advertencia sobre los 'no remunerativos' no es un detalle menor; es una señal de que el Estado busca recuperar terreno en la fiscalización de los salarios."
Para los ciudadanos comunes, esto significa que el costo del transporte podría verse afectado por estos ajustes y potenciales reclasificaciones. Para los trabajadores, la garantía de sus derechos laborales completos es clave. Se recomienda a los afectados mantenerse informados a través de sus sindicatos y el Boletín Oficial.
