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El Ejecutivo puso fin a la vía administrativa para cinco agentes civiles de la Armada Argentina que reclamaban por su reencasillamiento de 2017. Ahora, solo les queda la Justicia para buscar revertir las decisiones del Ministerio de Defensa, en un fallo que sienta precedente.
El Gobierno Nacional, a través de una serie de Decretos (720/2025 al 724/2025), ha dado un golpe final a los recursos jerárquicos presentados por cinco agentes civiles de la planta permanente de la Armada Argentina. Estos empleados buscaban revertir el reencasillamiento que se les aplicó a partir del 1° de junio de 2017, mediante la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614/17. Con esta decisión, la vía administrativa para estos reclamos queda agotada, cerrando una etapa de años de disputas burocráticas y dejando a los afectados con una sola opción: la judicial.
Directamente, esta medida impacta en la carrera y las condiciones laborales de Osmar Gustavo Queirel (DNI 32.332.167), Cristian Javier Luffi (DNI 22.658.761), Jorge Raúl Colantonio (DNI 31.609.181), María Fernanda Orozco (DNI 27.771.092) y Patricia del Valle Rojo (DNI 18.195.615). Para ellos, la única puerta que les queda abierta es la Justicia. El Gobierno les notifica que tienen un plazo perentorio de 180 días hábiles judiciales para iniciar acciones legales, si consideran que sus derechos fueron vulnerados. La decisión, firmada por el Presidente Milei y el Ministro Luis Petri, es un claro mensaje de la firmeza del Ejecutivo en estos asuntos administrativos.
La controversia se remonta a 2017, cuando se implementó un nuevo esquema de reencasillamiento para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, basado en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2539/15. Los agentes alegaron haber sido erróneamente clasificados en agrupamientos, niveles y grados, sin considerar adecuadamente su experiencia, titulación y antigüedad, que en algunos casos superaba los 25 años en la Administración Pública Nacional. El Ministerio de Defensa ya había rechazado sus recursos de reconsideración en 2023 o 2024 (Resoluciones N° 910/23 o N° 710/24), forzando el recurso jerárquico que ahora el Gobierno desestima, confirmando la validez de la clasificación original.
Esta serie de decretos refleja la postura del Ejecutivo de mantener la rigurosidad en la aplicación de los convenios colectivos del sector público y la normativa administrativa vigente. La decisión subraya la importancia de los procedimientos establecidos y la interpretación estricta de la experiencia laboral y los títulos para la categorización del personal estatal. Aunque son casos individuales, el patrón de rechazo podría desalentar futuras apelaciones administrativas similares o, por el contrario, impulsar a otros empleados a buscar directamente la vía judicial ante reencasillamientos que consideren injustos. La intervención de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO sugiere una mirada más profunda y estricta sobre la gestión del empleo público, buscando eficientizar y ordenar los procesos. Para los empleados públicos, este caso es un claro recordatorio de que, una vez agotadas las instancias administrativas, la justicia es el último recurso. Es crucial entender los plazos y las normativas que rigen su situación laboral.
14 de julio de 2025
30 de septiembre de 2025
18 de febrero de 2026
