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La Oficina Nacional de Contrataciones declara "reservado" el registro de concesionarios en el sistema CONTRAT.AR, alegando que la transparencia actual fomenta la colusión. Una medida polémica que siembra dudas sobre la libertad de mercado.
En un giro que levanta cejas y enciende alarmas, la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) ha lanzado la Disposición 86/2024, declarando "reservado" el proceso de inscripción y validación de usuarios externos en el sistema electrónico CONTRAT.AR para la categoría de “Concesionarios Ley Nº 17.520”. Esto significa que, hasta el 1° de julio de 2025 o hasta que se inscriban CUARENTA (40) usuarios, lo que suceda primero, los datos de quienes se registren para participar en licitaciones de concesiones de obras públicas y servicios públicos serán confidenciales.
La justificación es explosiva: la ONC argumenta que el "acotado número de inscriptos" actual no permite una "masa crítica" que desincentive "prácticas reñidas con la transparencia y la competencia genuina". En otras palabras, temen la "colusión" y los "acuerdos espurios entre falsos competidores" si la información de los participantes es pública.
Esta medida contrasta fuertemente con la retórica de desregulación y transparencia. Por un lado, se busca evitar la manipulación de precios o la coordinación entre oferentes, lo cual es positivo. Pero por otro, la opacidad en el registro de potenciales concesionarios podría generar desconfianza, limitando el escrutinio público sobre quiénes acceden a contratos millonarios con el Estado. ¿Es esta una medida necesaria para garantizar la competencia o un paso atrás en la apertura de la información gubernamental? La decisión afecta directamente a las empresas interesadas en grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos, que ahora deberán operar con menos visibilidad sobre sus posibles competidores.