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En una movida sin precedentes, el Ministerio de Seguridad declara "secreta" la adquisición de tecnología antidrones por amenazas de terrorismo y fugas carcelarias. ¿Hasta dónde llega la seguridad nacional y dónde empieza la opacidad?
El gobierno de Javier Milei ha encendido las alarmas de la transparencia al declarar secreta la operación contractual para la adquisición de un sistema antidrones. A través del Decreto 21/2025, el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, justificó la medida por 'razones de Seguridad Nacional', amparándose en el artículo 25, inciso d) apartado 6 del Decreto N° 1023/01, una facultad 'excepcional e indelegable' del Poder Ejecutivo.
La justificación es contundente: el Ministerio de Seguridad ha detectado una 'necesidad imperiosa de mejorar las capacidades técnicas' ante las amenazas de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) o 'drones civiles'. Entre los riesgos mencionados, se destacan 'ataques con drones de naturaleza terrorista', 'deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias' y el uso de estos aparatos con explosivos para facilitar 'fugas de personas alojadas'.
La decisión de ocultar los detalles de la compra busca 'evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir' para que los potenciales agresores no encuentren formas de eludir su funcionamiento. Si bien la seguridad es una prioridad, la declaración de secreto para una compra pública siempre genera polémica, abriendo interrogantes sobre la rendición de cuentas y la fiscalización de los fondos públicos.
Esta medida impacta directamente en la seguridad interior y en el control del espacio aéreo, especialmente en zonas sensibles como prisiones o infraestructura crítica. Para los ciudadanos, significa un esfuerzo del Estado por protegerlos de nuevas amenazas tecnológicas, pero también exige confianza en que la opacidad no ocultará ineficiencias o irregularidades. La balanza entre seguridad y transparencia se inclina, por ahora, hacia el secretismo.