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El Gobierno homologa masivos acuerdos de suspensiones en seis grandes empresas, que evitan el "Procedimiento Preventivo de Crisis" gracias a la venia sindical. ¿Se viene un salvataje a medias o una flexibilización encubierta que golpea el bolsillo del trabajador?
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ha dado la luz verde a una serie de acuerdos explosivos que impactan directamente en el futuro laboral de cientos de trabajadores. Se trata de la homologación de convenios de suspensión de personal bajo el polémico Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.
Empresas de peso como KI JACK SOCIEDAD ANÓNIMA, DREAN SOCIEDAD ANONIMA, ORBIS MERTIG SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, YKK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, SIAT SOCIEDAD ANÓNIMA y BURDEOS AUTOMÓVILES SOCIEDAD ANONIMA han llegado a acuerdos con sus respectivos gremios para suspender empleados, previendo el pago de una prestación no remunerativa.
Lo más impactante de estas resoluciones es la omisión del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo legal diseñado para proteger a los trabajadores ante despidos o suspensiones masivas. La justificación oficial es que,
"atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, toda vez que con el mismo se logra preservar los puestos de trabajo, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad."
En otras palabras, con la firma del gremio, se saltea un paso crucial que podría haber brindado más herramientas de negociación o alternativas a los trabajadores. Esta jugada legal, que algunos críticos tildan de flexibilización encubierta, permite a las empresas reducir sus costos laborales en un contexto de recesión, evitando las exigencias y tiempos del PPC. Los trabajadores, aunque conservan su puesto, ven mermados sus ingresos con una "prestación no remunerativa" que no computa para aguinaldo, vacaciones, o aportes jubilatorios de la misma manera que un salario completo.
Las industrias más afectadas son la automotriz, metalúrgica y la textil/vestido, sectores históricamente sensibles a los vaivenes económicos. La medida busca "preservar los puestos de trabajo", pero a un costo altísimo para el poder adquisitivo de los empleados y su estabilidad futura. Los sindicatos, al aceptar estos términos, priorizan la continuidad laboral, aunque sea precaria, frente a la posibilidad de despidos masivos. Es una decisión difícil en un panorama económico desolador.
Ciudadanos y empresas deben estar atentos: estas homologaciones marcan un precedente sobre cómo el Gobierno y los gremios están manejando la crisis laboral, priorizando acuerdos rápidos que, si bien evitan el trauma del despido, precarizan las condiciones de empleo. Para futuras actualizaciones, es vital seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial y los comunicados de los gremios.
