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Una nueva comunicación del Banco Central sacude el tablero para las Sociedades del Estado, actualizando cómo pueden financiarse y manejar sus depósitos tras los polémicos DNU 70/23 y 553/24. ¿Se abre la puerta a más libertad o a un control encubierto?
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha emitido una Comunicación "A" 8163/2024 que recalibra las directrices para el financiamiento del Sector Público no Financiero, específicamente en lo que respecta a depósitos e inversiones a plazo de las Sociedades del Estado. Esta medida llega como una actualización forzosa, producto de los controvertidos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y 553/24, que introdujeron cambios sustanciales en la tipología societaria de estas entidades.
La clave de esta comunicación es que las Sociedades del Estado que ya gozaban de un tratamiento equiparable al del sector privado no financiero, mantendrán ese status siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos originales. Esto es crucial: a pesar de los cambios en su "tipo societario" impulsados por los DNU, la normativa del BCRA busca evitar un retroceso en la autonomía financiera que algunas ya habían logrado. En otras palabras, si una empresa estatal ya operaba con reglas de mercado, podrá seguir haciéndolo, al menos en este aspecto.
Este movimiento del BCRA es una consecuencia directa de la política de desregulación y reforma del Estado. El DNU 70/23, en particular, buscó transformar o privatizar numerosas empresas públicas, y esta comunicación es un engranaje más en esa maquinaria. El objetivo de fondo es reducir la injerencia estatal y fomentar que estas entidades se rijan por lógicas de mercado, incluso si siguen siendo de propiedad pública.
Para las entidades financieras, esto implica revisar sus manuales y procesos para asegurar el cumplimiento de las nuevas hojas de ruta provistas por el BCRA, que se encuentran disponibles en su sitio web. Es una señal de que la relación entre el Estado, sus empresas y el sector financiero está en constante redefinición, con un claro sesgo hacia la "privatización de facto" de ciertas prácticas, más allá de la titularidad formal. Para mantenerse al tanto, es vital consultar el sitio web del BCRA.
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