¡Bomba! El Gobierno Redefine la Seguridad Nacional y Ratifica a Bullrich con Poder Ampliado

En una jugada audaz y bajo la figura de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno ha sacudido la estructura del Estado con dos resoluciones clave. El Decreto 58/2025 sustituye el nombre del Ministerio de Seguridad por 'MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL', una modificación que no es solo cosmética, sino que amplía drásticamente sus competencias. La medida busca "resaltar las competencias asignadas [...] en la prevención y la lucha contra los delitos federales", incluyendo el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos organizados y complejos. Este cambio de paradigma, según el decreto, busca proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos como pilares fundamentales.

Entre las nuevas facultades del Ministerio de Seguridad Nacional se destacan: la dirección y coordinación de las Fuerzas Policiales y de Seguridad nacionales y provinciales, la formulación de diagnósticos de seguridad en el MERCOSUR, la supervisión del accionar de las fuerzas según la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, y la intervención en la determinación de la política criminal y la prevención del delito. También se le asigna la coordinación del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, y la intervención en la seguridad aeroportuaria y los controles fronterizos.

Pero la reestructuración no termina ahí. El mismo DNU suprime la SECRETARÍA DE PRENSA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, transfiriendo sus obligaciones y recursos a la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS. Esta decisión, justificada por la "optimización de la gestión de gobierno", consolida el control de la comunicación bajo una única órbita presidencial.

Para completar el cuadro, el Decreto 59/2025 designa oficialmente a la Dra. Patricia BULLRICH (D.N.I. N° 11.988.336) en el cargo de Ministra de Seguridad Nacional, ratificando su liderazgo en un área que ahora concentra aún más poder y responsabilidades. Estas medidas, que entran en vigencia el mismo día de su publicación, reafirman la centralidad del Ejecutivo en la definición de la agenda de seguridad y comunicación, con un marcado énfasis en la lucha contra el crimen organizado y una reconfiguración de la narrativa oficial.