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El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires desembolsa una cifra millonaria en contratos 'ad referéndum' para la ópera 'Estaba la Madre' y un ciclo de conciertos, generando un revuelo por el uso de fondos públicos en el sector artístico. ¿Quiénes son los beneficiados y cuánto cuesta cada performance?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires ha revelado una avalancha de resoluciones que autorizan y aprueban contratos de locación de obra artística cultural por un monto total que roza los 8.5 millones de pesos. Estos fondos, provenientes del presupuesto 2026 (Ley N° 15.557), están destinados a artistas que participaron en la ópera "Estaba la Madre" de Luís Bacalov y un "Ciclo Anual de Conciertos", ambos eventos realizados en la prestigiosa Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino.
Lo que llama poderosamente la atención es que la mayoría de estos contratos fueron suscriptos "ad referéndum", lo que significa que las prestaciones artísticas ya se habían realizado entre el 20 y 22 de marzo de 2026 (y el 29 de marzo para el concierto de contrabajo) antes de su aprobación formal. Esto, si bien es una práctica común en la administración pública, siempre genera interrogantes sobre la eficiencia burocrática y la planificación del gasto.
Entre los beneficiados, encontramos una variada lista de talentos y montos:
El Subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomas Viviani, es el firmante de estas resoluciones que validan el gasto. Este tipo de erogaciones, aunque destinadas a promover la cultura y el arte, siempre son objeto de escrutinio ciudadano, especialmente en contextos económicos desafiantes. La transparencia en la asignación de estos fondos es crucial para garantizar que cada peso invertido maximice el impacto cultural y beneficie a la comunidad bonaerense.
¿Es este un gasto justificado o un derroche en tiempos de ajuste? El debate está abierto, y los contribuyentes merecen saber cómo se gestionan los recursos para la cultura en la provincia. Es fundamental que la ciudadanía pueda seguir de cerca estas decisiones para evaluar si se alinean con las prioridades de la gestión.
