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El Gobierno fulminó el Programa de Microcrédito y su Comisión Coordinadora, denunciando una "ineficiencia operativa" escandalosa y un gasto en personal que superaba el presupuesto total. ¿El objetivo? Racionalizar el Estado y frenar la dilapidación de fondos públicos.
Un bombazo en el Boletín Oficial: el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 1094/2024, le puso fin al PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL, disolviendo de un plumazo su Comisión Nacional de Coordinación, el Fondo Nacional de Promoción y hasta el Registro de Instituciones. La medida, que entrará en vigencia mañana, es un claro mensaje de ajuste y eficiencia estatal.
El decreto no se anda con chiquitas al justificar esta drástica decisión. El informe del Ministerio de Capital Humano reveló un cuadro desolador:
El Gobierno argumenta que la ley original (N° 26.117) no cumplió sus objetivos, no hubo registro formal de instituciones ni sanciones por incumplimientos, y que la Comisión estaba "sobredimensionada" e "ineficiente". En un contexto de "emergencia pública" (Decreto N° 70/23 y Ley N° 27.742), la disolución busca optimizar recursos y garantizar un "funcionamiento transparente y responsable del Estado".
"La contribución al desarrollo del Programa de Microcréditos por parte de la mentada Comisión Nacional, en términos de alcance e impacto, no ha sido significante ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento, lo cual denota una ineficiencia económica que justifica su disolución", sentencia el decreto.
Si eras beneficiario o aspirabas a un microcrédito a través de este programa, esta es una mala noticia. Sin embargo, el decreto sostiene que el sector privado y otras instituciones financieras ya ofrecen líneas de microcréditos, sugiriendo que la demanda puede ser cubierta por otros actores. El personal de la Comisión pasará a disponibilidad, una medida que genera incertidumbre laboral.
Este es un paso más en la agenda de ajuste y desregulación del gobierno, que busca achicar la estructura estatal y liberar recursos, aunque a costa de programas sociales que, bien administrados, podrían tener un impacto positivo.
