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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) autorizó licencias y permisos clave a la CNEA y profesionales esenciales, a pesar de que adeudaban tasas regulatorias. La justificación: evitar un colapso en servicios críticos como la producción de radiofármacos y combustible nuclear. ¿Interés público o doble rasero?
¡Bomba en el Boletín Oficial! La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) desató la polémica al otorgar y renovar licencias y permisos cruciales a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y a profesionales clave, a pesar de que mantenían deudas por tasas regulatorias. La Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804 es clara: su Artículo 26 exige el pago anual y por adelantado de estas tasas. Sin embargo, la ARN decidió pasar por alto este requisito, invocando el sagrado 'interés público'.
Entre los beneficiados se encuentran Carolina Poch y Patricia Susana Silva Paulo, ambas bioquímicas fundamentales en la radiofarmacia del Hospital de Clínicas José de San Martín. Ellas son responsables de la preparación y entrega de radiofármacos, y la ARN argumentó que la interrupción de sus servicios sería un golpe devastador para los pacientes que dependen de estos medicamentos vitales.
Pero la medida no se detuvo ahí. La mismísima CNEA, un pilar de la actividad nuclear argentina, también recibió luz verde para la renovación de autorizaciones específicas para su personal y, lo más impactante, la habilitación de su 'PLANTA DE FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA REACTORES DE INVESTIGACIÓN (ECRI)'. Esta planta, vital para la producción de radioisótopos y proyectos estratégicos como el RA-10, opera con una deuda significativa en tasas regulatorias.
La justificación oficial es que el servicio que prestan es 'de interés público' y que su interrupción generaría un daño mayor. En el caso de la CNEA, se informó que el pago de la tasa reguladora se realizará con posterioridad a la emisión de las autorizaciones, aplicándose los intereses punitorios. Esto plantea serios interrogantes sobre la equidad y la coherencia en la aplicación de las normas. ¿Qué sucede con los pequeños usuarios o empresas que no pueden invocar el 'interés público' y son rigurosamente sancionados por deudas similares?
Esta decisión, tomada por el Directorio de la ARN en sus reuniones de diciembre de 2024 y enero de 2025, sienta un precedente delicado. Si bien la necesidad de no afectar servicios esenciales es comprensible, la constante postergación de pagos por parte de organismos estatales podría interpretarse como una falta de disciplina fiscal o, peor aún, un privilegio. Los ciudadanos comunes, que ven cómo el Estado exige el cumplimiento de cada impuesto y tasa, se preguntan si las reglas son las mismas para todos. ¡Esta movida nuclear podría generar más ondas que un reactor descontrolado!
