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La Provincia de Buenos Aires, a través de la Oficina de Contrataciones, autoriza una revisión de precios para contratos de señalética vial e institucional, evidenciando la escalada inflacionaria que golpea las arcas públicas y a los proveedores. Una empresa gana, otra pierde: ¿quién paga la cuenta?
La Resolución N° 62-OPCGP-2026, del 19 de marzo de 2026, expone crudamente la batalla contra la inflación que libra el Estado bonaerense en sus contrataciones. La Oficina de Contrataciones y Gestión Pública (OPCGP) ha resuelto una revisión de precios para el millonario Convenio Marco para la adquisición de señalética institucional y vial para la Provincia de Buenos Aires 2025 (Proceso de Compra N° 614-0091-LPU25).
En un giro que beneficia a unos y perjudica a otros, la resolución habilitó la revisión para COBERJAUS S.R.L., cuyos precios superaron el 5% de variación requerido, aplicando la metodología del Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) para diversos renglones. Sin embargo, la solicitud de TROSHER S.A. fue desestimada por no alcanzar ese umbral, dejando a la empresa sin el ansiado ajuste. Esto se basa en el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones y el Decreto N° 59/19.
¿Qué significa esto? Para las empresas proveedoras del Estado, la revisión de precios es una cuestión de supervivencia en un contexto inflacionario. Para la Provincia, implica un mayor gasto público en bienes esenciales como la señalética, que afecta la seguridad vial y la información institucional. La decisión de ajustar solo a una de las empresas genera un precedente y demuestra la rigurosidad (o selectividad, según la mirada) en la aplicación de las cláusulas de ajuste. Es una señal clara de que la inflación sigue siendo un factor determinante en las finanzas públicas y en la rentabilidad de quienes le venden al Estado.
