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La Oficina Nacional de Contrataciones lanza un bombazo con modificaciones clave al régimen de Acuerdos Marco, buscando una 'mayor concurrencia y competencia' y eliminando normativas 'sostenibles' desactualizadas.
La Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), ha dado un giro copernicano en el sistema de compras públicas con la Disposición 22/2026. Esta norma, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, revoluciona el Capítulo VI del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, que regula los 'Acuerdos Marco'.
El objetivo es claro: incrementar la competencia y la transparencia. Ahora, los acuerdos marco podrán ser 'abiertos' y con 'segunda etapa competitiva', obligando a los organismos a consultar el sistema COMPR.AR y a utilizar los acuerdos marco vigentes, salvo excepciones justificadas que requieran la conformidad del Órgano Rector. Esto significa que las jurisdicciones y entidades contratantes no podrán contratar por fuera de un acuerdo marco existente si este contempla el objeto de su necesidad, a menos que justifiquen mejores condiciones o que el producto/servicio no se ajusta a su finalidad.
Entre los puntos más calientes, se establece que los procedimientos de selección bajo esta modalidad solo podrán encuadrarse como licitación pública o concurso público, priorizando la competencia. Además, se derogan las Disposiciones N° 25/2023, N° 49/2023 y N° 50/2023, que aprobaban las 'fichas de recomendación para compras y contrataciones sostenibles' y el 'Manual de Compras Públicas Sostenibles', al considerarlas 'información y normativa desactualizada'. Esto marca un cambio de prioridades, alejándose de las compras 'verdes' que habían sido impulsadas previamente.
Se regulan también aspectos cruciales como la no exigibilidad de garantía de mantenimiento de oferta (salvo excepciones), los conflictos de intereses y la necesidad de programas de integridad para contratos de mayor monto. La prohibición de desdoblamiento de compras no aplicará en los acuerdos marco, permitiendo a los organismos emitir sucesivas órdenes de compra. Esta medida busca una gestión más ágil y eficiente de los recursos del Estado, pero podría generar controversia al desmantelar las políticas de compras sostenibles. Para los proveedores, significa un escenario de mayor competencia y un control más estricto, pero con reglas de juego más claras.
