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La Dirección Nacional de Migraciones intimó a Edid Ortega Leaño a pagar una impactante multa de más de 3.3 millones de pesos por una infracción. ¿Qué hay detrás de esta sanción y qué opciones tiene la afectada para defenderse?
El Ministerio de Capital Humano validó un acuerdo entre Faurecia y SMATA para suspender personal con pago no remunerativo, esquivando el procedimiento preventivo de crisis. ¿Crisis o flexibilización encubierta?
Las principales transportistas de energía eléctrica del país se alzaron en pie de guerra contra el ENRE por la Revisión Tarifaria Quinquenal 2025-2030. Denuncias de errores en cálculos de costos, inversiones insuficientes y una "desinflación" que pone en jaque el servicio. El regulador cede en salarios, pero el gran pulso por la plata gorda sigue en pie.
El Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) rechazó de plano el recurso de reconsideración de EDESUR S.A. contra la polémica Resolución N° 303/2025, que fijó el esquema tarifario para el quinquenio 2025-2030. La distribuidora había calificado la medida de "arbitraria" e "inmotivada", advirtiendo sobre su impacto en el servicio y la calidad para millones de usuarios.
El Ministerio de Capital Humano dio luz verde a una batería de acuerdos salariales en sectores vitales como entretenimiento, transporte, banca y telecomunicaciones, un respiro para trabajadores y un desafío para la inflación.
El ENRE ajusta las cuentas de las transportistas eléctricas tras fuertes reclamos, reconociendo mayores costos salariales y de supervisión. Sin embargo, esta 'generosidad' tiene un precio: recortes millonarios en inversiones obligatorias. Las cuotas mensuales para los usuarios también se recalibran, generando incertidumbre en el sector.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajusta su organigrama interno, modificando el esquema de reemplazos en la Dirección General de Aduanas. ¿Qué implica esta movida para el control del comercio exterior y la continuidad operativa?
El Gobierno homologa nuevas adhesiones a acuerdos de suspensión laboral post-COVID, permitiendo el pago de prestaciones no remunerativas en un sector golpeado que busca desesperadamente preservar empleos.
El Ministerio de Justicia lanza un protocolo clave para administrar activos incautados, buscando mayor transparencia y eficiencia en la recuperación de fortunas ilícitas. ¿Se termina la joda para los delincuentes?