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El Ministerio de Economía desafectó del uso ferroviario más de 132.000 m² de terrenos en la estación Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, que estaban asignados a ADIFSA. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá disponer de ellos.
El Ministerio de Economía, mediante la Resolución 827/2026, desafectó del uso ferroviario una importante extensión de terrenos en la estación Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Se trata de una superficie aproximada de 132.099,89 metros cuadrados que estaban asignados a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA).
Esta medida abre la puerta para que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo clave en la gestión del patrimonio nacional, pueda disponer de estos inmuebles. La desafectación se enmarca en la Ley 26.352, que creó ADIFSE, y los decretos 1382/2012 y 2670/2015, que regulan la administración de bienes del Estado. En particular, el Decreto 950/2024 ya había autorizado a la AABE a disponer, enajenar y/o transferir inmuebles del Estado Nacional.
La decisión de desafectar estos terrenos fue tomada después de que la Dirección Nacional de Gerenciamiento de Activos Físicos de la AABE solicitara la intervención de ADIFSA, y esta última indicara no tener objeciones para la desafectación del uso ferroviario. Esto sugiere una coordinación entre los organismos estatales para optimizar el uso de los bienes públicos.
Para la comunidad de Cañada de Gómez y la provincia de Santa Fe, esta liberación de tierras podría significar nuevas oportunidades de desarrollo. La AABE tiene entre sus objetivos la ejecución de políticas de disposición y administración de bienes inmuebles del Estado Nacional, lo que podría derivar en proyectos de infraestructura, desarrollo urbano, o incluso la venta de las tierras para impulsar la inversión privada en la zona. La resolución solicita a la AABE que, ante una eventual enajenación, la mensura y deslinde se realice con la intervención de ADIFSA, garantizando así un proceso transparente y ordenado.
Esta medida se inserta en una política más amplia de revisión y optimización del patrimonio inmobiliario estatal, buscando dar un uso más eficiente a los activos que hoy se encuentran subutilizados o sin una afectación específica clara.
