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Las Aduanas de Concordia y La Plata lanzan avisos críticos: mientras en Concordia se intiman a ciudadanos por infracciones con multas exorbitantes, en La Plata, mercadería "olvidada" corre riesgo de remate o destrucción si no se reclama en 30 días. ¡El fisco no perdona!
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está en modo "fiscalización total", y el Boletín Oficial de hoy lo deja bien claro con dos avisos que ponen en jaque a ciudadanos y empresas. La lupa está puesta en infracciones y mercadería sin dueño, con plazos perentorios y consecuencias económicas severas.
Desde la Aduana de Concordia, el Cdor. Luis German Gonzalez ha emitido un edicto que intima a tres personas físicas por graves infracciones al Código Aduanero. Los afectados, SAUSEN LAURA ANDREA (DNI 30.896.689), ERNST ALEJANDRO MARTIN (DNI 24.867.055) y ACUÑA ROGELIO RICARDO (DNI 27.507.555), tienen apenas DIEZ (10) DÍAS hábiles para presentar su defensa. Las multas mínimas son impactantes: desde $390.675,52 hasta la friolera de $824.592,11, ¡y eso sin contar el comiso de la mercadería! La amenaza es clara: si no actúan, serán declarados en rebeldía, con todo lo que eso implica legalmente. Deben constituir domicilio en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia (E.R.).
Por otro lado, la Aduana de La Plata, bajo la batuta de Eduardo Daniel Gomez, ha lanzado un ultimátum para aquellos dueños de mercadería que se encuentra en la situación prevista por el Artículo 417 de la Ley 22415, es decir, en estado de abandono. Tienen un plazo improrrogable de TREINTA (30) días corridos para solicitar una destinación aduanera autorizada y, por supuesto, pagar las multas correspondientes. Si no lo hacen, la balanza de la justicia aduanera se inclinará: la mercadería será objeto de remate, destrucción o donación, conforme a los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25603. Los interesados deben presentarse en la Sección Inspección Operativa (AD LAPL), sita en Ortiz de Rosas Esq Gaggino, Ensenada, Provincia de Buenos Aires.
Estas medidas reflejan la firmeza de la Aduana en la aplicación de la normativa, con un impacto directo en el bolsillo de los infractores y en el destino final de miles de productos. Es crucial que los involucrados actúen con celeridad para evitar pérdidas mayores.
