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El Ministerio de Economía declara y prorroga el estado de emergencia o desastre agropecuario en múltiples partidos de la provincia de Buenos Aires, abriendo la puerta a beneficios cruciales para miles de productores asfixiados por las inundaciones. Una medida urgente para un sector en crisis.
La provincia de Buenos Aires vuelve a ser escenario de un drama recurrente: las inundaciones que golpean sin piedad al sector agropecuario. El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 216/2026, acaba de prorrogar y declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en una vasta región, una noticia que trae un respiro a miles de productores que ven sus campos bajo el agua.
La medida, firmada por el Ministro Luis Andres Caputo, abarca a numerosas circunscripciones de partidos clave como Roque Pérez, Coronel Suárez, Guaminí, Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch, Maipú, General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor, Dolores, Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Monte, General Alvear, Las Flores y Chacabuco. Esto significa que las explotaciones afectadas por inundaciones, que datan desde el 1° de septiembre o 1° de noviembre de 2025, podrán acceder a los beneficios de la Ley 26.509, una herramienta vital en momentos de catástrofe climática.
Para los productores, la emergencia o desastre agropecuario se traduce en:
La resolución también establece las fechas de finalización del ciclo productivo para las áreas afectadas, siendo el 28 de febrero de 2026 para algunos partidos y el 30 de abril de 2026 para otros. Esto es crucial para determinar la elegibilidad de los beneficios.
La decisión llega tras el análisis de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y se basa en una serie de decretos provinciales que venían advirtiendo la situación. Si bien la ayuda es bienvenida, la recurrencia de estas medidas pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector frente a los fenómenos climáticos y la necesidad de políticas a largo plazo que mitiguen estos impactos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y las instituciones bancarias nacionales deberán ahora arbitrar los medios para que los beneficios lleguen a los damnificados. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca tendrá un rol clave en la ejecución de convenios. Para el ciudadano común, esto significa que el Estado está inyectando recursos para evitar un colapso productivo que podría afectar la cadena de alimentos y la estabilidad económica regional. Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Ministerio de Economía y las dependencias provinciales es fundamental para los productores afectados.
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