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Con un Decreto de Necesidad y Urgencia como telón de fondo, el Ministerio de Salud centraliza y delega facultades clave en gestión administrativa, sanitaria, cannabis medicinal y discapacidad, buscando mayor eficiencia pero generando dudas sobre la concentración de autoridad.
Una verdadera sacudida interna se vive en el Ministerio de Salud con la Resolución 376/2026, que no solo delega una batería de facultades en diversas Secretarías y Direcciones, sino que también unifica y deroga resoluciones anteriores, buscando poner orden en el ejercicio de las competencias. Este movimiento estratégico responde a la modificación del artículo 23 de la Ley de Ministerios, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 942/2025, que amplió las competencias de la cartera, absorbiendo incluso a la ex AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD.
La medida busca "asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites", un mantra repetido en la administración pública. Pero, ¿qué significa esto en la práctica?
Esta resolución es un claro intento de centralizar y optimizar la toma de decisiones dentro del Ministerio, buscando una mayor fluidez en la gestión diaria. Sin embargo, la concentración de poder en ciertas áreas siempre abre el debate sobre la transparencia y los posibles riesgos de burocratización. Los ciudadanos deberán estar atentos a cómo esta nueva distribución de responsabilidades impactará en la eficiencia de los servicios de salud y en la ejecución de políticas sociales tan sensibles.
