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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lanzó una batería de citaciones y emplazamientos en el Boletín Oficial, poniendo a varias empresas y personas físicas bajo la lupa por presuntas infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario. La incomparecencia podría derivar en la temida “rebeldía”.
El Boletín Oficial de hoy se hizo eco de una serie de avisos cruciales emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que sacuden a varios actores del mundo empresarial y particular. La Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario emplazó a diversas firmas y a sus representantes, así como a individuos, a comparecer en sus oficinas en un plazo perentorio de 10 días hábiles bancarios. ¿El motivo? Dar explicaciones en el marco de sumarios por presuntas infracciones a la rigurosa Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (texto ordenado por Decreto N° 480/95).
Entre los notificados figuran empresas como AGRO SMART SAS, YALOVA SAS, Electronic Boom S.R.L., DENNEHY S.A.S., SOUTHERNOX S.R.L. y Frutiagro Farm SA, junto a personas como FABRICIO MAXIMILIANO KROH, JORGE ALBERTO PARDO, María del Milagro MARTÍNEZ, Cristian Alejandro Caseb Rieta, ALDANA BELEN ALMEIDA, Santiago SHANAHAN y Marcelo Adrián NORIEGA. Todos ellos están citados a presentarse en Reconquista 250/266, CABA, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía si no lo hacen, una situación que puede traer graves consecuencias legales y económicas.
Estos llamados a comparecer se basan principalmente en el artículo 8° de la Ley N° 19.359, que faculta al BCRA a investigar y sancionar conductas que infrinjan las normas cambiarias. En algunos casos, como el de Aldana Belen Almeida y Marcelo Adrián Noriega, la citación es específicamente para prestar declaración como presuntos infractores, conforme al artículo 5° inciso c) de la misma ley, con fechas concretas de comparecencia el 26 y 27 de marzo de 2026, respectivamente.
El Régimen Penal Cambiario es una herramienta fundamental del BCRA para controlar los flujos de divisas y garantizar la estabilidad del mercado cambiario. Las infracciones pueden ir desde operaciones no autorizadas, falsedad en declaraciones, hasta la omisión de liquidar divisas. Las penas pueden incluir multas millonarias, suspensión para operar en cambios, y en casos graves, incluso prisión.
"La incomparecencia no es una opción; la declaración de rebeldía solo agrava la situación legal de los involucrados, exponiéndolos a sanciones más severas sin la posibilidad de una defensa adecuada."
Es crucial destacar que el BCRA informa sobre la existencia de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo las Defensorías y Unidades de Letrados Móviles del Ministerio Público de la Defensa, una medida que busca garantizar el derecho a la defensa de los citados. Este es un dato clave para cualquier ciudadano o empresa que se encuentre en esta situación.
Para los involucrados, la urgencia es máxima: 10 días hábiles bancarios para presentarse, tomar vista de las actuaciones y presentar su defensa. La falta de acción podría sellar su destino legal en un contexto de estricto control sobre las operaciones cambiarias.
