Desregulación: Economía deroga normas de control de precios y educación

Un nuevo capítulo en la desregulación económica

La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dio un paso significativo en la agenda de desregulación al derogar un conjunto de resoluciones y disposiciones que impactaban en diversos sectores de la economía. La Resolución 12/2026, firmada por el Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Decreto 70/2023, que buscan una gestión pública más transparente, ágil y eficiente.

Entre las normativas eliminadas se encuentran aquellas que regulaban el control de precios de productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes y los procedimientos de autorización para la importación de mercancías. La medida más resonante es la derogación de la normativa que regía los aranceles y cuotas de los institutos de enseñanza privada, que exigía autorización estatal previa para cualquier modificación de precios y aseguraba la invariabilidad de las cuotas durante el ciclo lectivo. Esto, según los considerandos, limitaba la capacidad de adaptación de las instituciones a las fluctuaciones del mercado y generaba incertidumbre económica.

Además, se confirmó el fin de los programas de fomento al consumo y la producción de bienes y servicios, al no haberse dispuesto su prórroga. Esta decisión se inscribe en un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar distorsiones en la asignación de capital.

Finalmente, la resolución formaliza la eliminación de toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada para la implementación del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, que ya había quedado sin efecto tras la revocación de su contrato y liquidación del fideicomiso.

Impacto y justificación:

La derogación masiva de estas normas tiene como objetivo principal la simplificación y desburocratización. El Gobierno argumenta que la proliferación normativa generaba superposición, desactualización e incertidumbre jurídica, restringiendo el libre desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos y la actividad económica. La eliminación de normativas innecesarias busca mayor claridad en el marco legal, facilitando su interpretación y aplicación, y permitiendo al Estado enfocarse en regulaciones relevantes y prioritarias.

Para los ciudadanos, esto podría significar una mayor libertad en la fijación de precios en el ámbito educativo privado y una menor intervención estatal en el mercado de bienes y servicios. Para las empresas, se espera una reducción de trámites y una mayor flexibilidad para operar.