El Gobierno unifica tarifas de transporte de gas para exportación

Fin a las excepciones: Nuevas reglas para el transporte de gas

El Gobierno Nacional, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 580/2026, ha dado un paso significativo en la reconfiguración del sistema energético al derogar el Decreto N° 689 del 26 de abril de 2002. Esta medida elimina un régimen diferencial que excluía a las tarifas del servicio público de transporte de gas natural destinado a la exportación de las leyes de emergencia y pesificación de obligaciones que rigieron en el país.

La decisión busca adecuar el marco normativo a la situación actual, argumentando que las circunstancias que justificaron la excepción en 2002 ya han sido superadas. Según el Poder Ejecutivo, el mantenimiento de este régimen generaba distorsiones en los precios y tarifas a pagar por los cargadores del sistema de transporte, ya que la infraestructura se asienta en territorio nacional y debe ser remunerada bajo criterios homogéneos.

Impacto en el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno

Una de las principales implicaciones de esta derogación se verá en el cálculo del precio unificado de la capacidad de transporte del Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno (GPM). El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Energía, será el encargado de fijar este precio, tomando como referencia el valor adjudicado en la licitación pública para el incremento de la capacidad del ducto.

Para evitar variaciones abruptas, el ENREGE tendrá la facultad de establecer un escalonamiento adecuado entre los valores vigentes y el nuevo precio unificado. Esta medida es crucial para la Reconfiguración del Sistema de Transporte de Gas Natural que entró en vigencia el 1° de mayo del corriente año, y que fue impulsada en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional declarada en 2023 y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Qué cambia para el sector?

• Homogeneización de tarifas: Se busca que todos los cargadores del sistema de transporte, incluyendo aquellos con contratos vinculados a la exportación, paguen tarifas bajo criterios unificados.
• Transparencia y eficiencia: La medida apunta a generar mayor coherencia en el esquema regulatorio y a eliminar distorsiones que afectaban la competitividad y las inversiones a largo plazo en el sector.
• Seguridad jurídica: La adecuación del marco normativo busca dotar de inmediata certeza y estabilidad a las relaciones jurídicas vigentes, evitando perjuicios y una posible parálisis de la actividad privada.

La naturaleza de DNU de esta decisión subraya la urgencia que el Gobierno le asigna a la implementación de estas reformas, consideradas imprescindibles para la estabilidad del sistema energético y la atracción de inversiones en un sector clave para la balanza de pagos del país.