¡Escándalo! Ex-combatiente de Malvinas condenado por Lesa Humanidad pierde pensión y deberá devolver MILLONES

Una noticia que sacude los cimientos de la justicia y la ética en Argentina: el Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha dictado la Resolución N° 11.737, que revoca la Pensión Honorífica otorgada a Daniel Eduardo ROBELO, un ex-oficial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La razón es contundente: Robelo fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, con confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, por crímenes de lesa humanidad en la escalofriante causa conocida como “Base Naval III y IV”.

Este acto administrativo no solo le quita el beneficio, sino que también declara legítimo un cargo deudor por $7.783.003,80 por haberes percibidos indebidamente. La caducidad del beneficio se establece a partir del 30 de agosto de 2012, fecha del auto de procesamiento, y se intima a Robelo a formular una propuesta de pago en un plazo perentorio de 10 días, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales para el recupero de la deuda.

Un precedente crucial para la sociedad:

• Justicia por los crímenes de la dictadura: Esta resolución es un acto de justicia tardía, pero firme, para las víctimas de la última dictadura militar. La Ley N° 12.006, que otorga pensiones a ex-combatientes de Malvinas, excluye explícitamente a quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La aplicación de esta cláusula es un mensaje claro de que los beneficios estatales no pueden ser compatibles con crímenes de lesa humanidad.
• Recupero de fondos públicos: La obligación de devolver más de siete millones de pesos representa una recuperación significativa de fondos públicos, que ahora podrán ser destinados a fines legítimos. Es un golpe a la impunidad económica y un alivio para las arcas del Estado.
• Impacto simbólico y ético: Más allá de lo económico, la medida tiene un enorme peso simbólico. Refuerza la idea de que la memoria, la verdad y la justicia son pilares innegociables de la democracia argentina, y que quienes cometieron atrocidades no pueden gozar de privilegios estatales.

La decisión del IPS, respaldada por la Asesoría General de Gobierno y el Fiscal de Estado, es un hito en la lucha por los Derechos Humanos y un recordatorio de que, aunque el tiempo pase, la justicia sigue buscando su camino. Los ciudadanos comunes celebran esta medida, que reafirma los valores democráticos y la condena a la impunidad.