¡Escándalo Inflacionario! Millonarios Ajustes en Obras Públicas Bonaerenses
La Provincia de Buenos Aires aprobó redeterminaciones de precios por cientos de millones de pesos para obras clave, desde hospitales hasta escuelas de policía. La inflación sigue devorando los presupuestos y encareciendo los proyectos esenciales para los bonaerenses.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Dirección Provincial de Arquitectura
- Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
- Asesoría General de Gobierno
- Contaduría General de la Provincia
- Fiscalía de Estado
Fechas Clave
El Boletín Oficial bonaerense ha revelado una serie de resoluciones que confirman ajustes millonarios en contratos de obra pública, un reflejo crudo del impacto de la inflación en los proyectos estatales. Tres empresas constructoras, FERSAN Y ASOCIADOS S.R.L., PYPSA S.A. e INSA S.A., vieron sus costos actualizados en obras fundamentales, lo que implica una inyección extra de fondos públicos.
Las Obras Afectadas y los Números que Duelen
- CAPS San Lorenzo - Avellaneda (FERSAN Y ASOCIADOS S.R.L.): Esta obra crucial para la salud pública experimentó una redeterminación que le reconoce a la contratista $300.048.206,69, resultando en una diferencia final a su favor de $18.874.088,71 tras descontar ajustes provisorios. El acta acuerdo se firmó el 29 de agosto de 2025, ajustando precios a valores de julio de 2023 a septiembre de 2024.
- CAPS en Chascomús (PYPSA S.A.): Un proyecto de salud más pequeño pero igualmente vital. La redeterminación reconoce $139.541,01, con una diferencia a favor de la empresa de $6.972,62. El acuerdo con PYPSA S.A. data del 19 de enero de 2026, ajustando a valores de marzo de 2023.
- Escuela de Policía J. Vucetich - Berazategui (INSA S.A.): La puesta en valor y ampliación de esta institución de seguridad demandó una redeterminación que asciende a $266.488.793,48, dejando una diferencia a favor de INSA S.A. de $13.777.740,65. El acuerdo se firmó el 31 de octubre de 2025, ajustando a valores de junio a septiembre de 2023 y junio a agosto de 2024.
Estos ajustes, realizados bajo el amparo del Decreto N° 290/21 y sus modificatorias, buscan compensar a las empresas por la escalada de precios de materiales y mano de obra. Sin embargo, cada peso extra significa más presión sobre las arcas provinciales y un recordatorio constante de la volátil situación económica. Las contratistas, a cambio, renuncian a reclamos futuros por mayores costos, un detalle que busca cerrar la puerta a nuevas disputas. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce en obras que terminan costando más de lo planificado inicialmente, impactando directamente en la capacidad del Estado para financiar otros proyectos o servicios.
