Fuertes multas e inhabilitaciones por servicios de seguridad ilegal en PBA

Rigurosa Fiscalización en el Sector de la Seguridad Privada y Transporte en PBA

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Gestión de Registros y Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte, continúa con una exhaustiva campaña de control y sanción sobre empresas y particulares que operan servicios de seguridad privada y transporte de pasajeros sin las habilitaciones correspondientes, o que contratan servicios irregulares. Las medidas incluyen inhabilitaciones de larga duración, multas millonarias y clausuras de operaciones.

Casos Destacados:

• CO.DE.SE.AR. SRL: Esta empresa fue objeto de múltiples sanciones, incluyendo inhabilitaciones por veinte (20) años para operar servicios de seguridad privada y multas que oscilan entre los $37.709.076,60 y $44.860.590,90. La compañía, que se encontraba de baja desde diciembre de 2009, fue detectada prestando servicios sin habilitación en diversos puntos de la provincia, incluyendo Banfield, Lomas de Zamora, Bernal, Quilmes y Avellaneda. En varios de estos casos, se constató la presencia de vigiladores sin credenciales o vehículos ploteados sin la debida autorización. Se dispuso el cese de servicios y el decomiso de los efectos utilizados en las infracciones. Empresas como MORELEC SA, DELTAM SRL y JR Intercom SRL fueron sancionadas con multas por haber contratado los servicios no habilitados de CO.DE.SE.AR. SRL.

• Com Privada SRL: Similar a CO.DE.SE.AR. SRL, esta prestadora fue inhabilitada por veinte (20) años y multada con $44.860.590,90 por operar sin habilitación. El Consorcio de Propietarios Barrio Privado La Rotonda, que contrató sus servicios, también recibió una multa de $4.486.059,09.

• Vigilan SA: Sancionada con diez (10) días de suspensión de su habilitación y una multa de $37.709.076,60 por omitir comunicar en tiempo y forma la celebración de contratos y por personal sin credencial visible.

• Group Of Private Security SRL: Recibió diez (10) días de suspensión de habilitación y una multa de $44.860.590,90 por no declarar ante la Autoridad de Aplicación la celebración de contratos de seguridad.

• Prevent Security S.R.L.: Inhabilitada por veinte (20) años y multada con $42.516.963,50 por operar sin habilitación. El Supermercado Ahorro Mas de María Elizabeth Lovato fue multado con $4.251.696,35 por contratar sus servicios.

• SERCUS SA: Sancionada con diez (10) días de suspensión de habilitación y una multa de $4.251.696,35 por personal sin credencial identificatoria visible.

• Serenos Particulares y Contratantes: Varios individuos fueron multados y se dispuso la clausura de sus servicios por desempeñarse como serenos particulares sin la habilitación necesaria. Entre ellos, Sergio Adrián Trimarco ($161.267,38), Ángel Alberto Corvalan ($1.067.692,60), Carlos Segovia y Raúl Abel Chausino ($1.305.605,49 cada uno). También se multó a Zhuang Yanyu (propietario de Super Luna) con $3.770.907,66 por contratar seguridad no habilitada.

• Transporte Intercomunal Ilegal: El Ministerio de Transporte aplicó multas por realizar servicios de transporte de pasajeros sin autorización. Nancy Edith Marquez fue sancionada con $571.320, INGENIERÍA PRIDA HILBING SRL con $5.718.060, y MEGANT SRL con $571.320. También se imputó a Carlos Ruben Gimenez tras rectificar un error en la identificación original de la empresa sancionada. EL ALBA VIAJES Y TURISMO SRL recibió una multa de $735.348 por permitir la actuación de personal no inscripto en el Registro de Trabajadores del Transporte.

• Infracciones Agropecuarias: El Ministerio de Desarrollo Agrario notificó imputaciones a GRUPO SUR SA por vaquillonas con marca estampada fuera de lugar y archivó actuaciones contra Rubén Leonardo Mansilla y ARANDO SA por transporte de vacunos sin inscripción y guía, al considerar antieconómico el cobro de la multa.

• Merilab SAS: Se rechazó su denuncia de ilegitimidad, confirmando una multa previa de $4.608.867,66 por contratar seguridad privada no habilitada.

Estas acciones subrayan el compromiso de las autoridades provinciales con la regularización de servicios esenciales y la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios, garantizando que solo operen prestadores debidamente registrados y habilitados.