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La Provincia de Buenos Aires desembolsa millones adicionales para compensar la inflación en tres obras públicas clave: una casona histórica, la readecuación eléctrica de un hospital y la construcción de un Centro de Atención Primaria. La escalada de precios obliga a "reajustes" millonarios que impactan las arcas estatales.
La persistente inflación argentina sigue haciendo estragos, y las obras públicas no escapan a su voracidad. El Subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha aprobado, en una serie de resoluciones (N° 49, N° 51 y N° 52-SSOPMIYSPGP-2026, y el Decreto N° 323/22), redeterminaciones de precios definitivas que implican desembolsos millonarios a favor de las empresas contratistas. Estos ajustes, vitales para que las obras no queden paralizadas, reflejan el desafío constante de la gestión económica.
Casona Histórica en Moreno (TECMA S.A.): Para el "Reacondicionamiento y Puesta en Valor Casona Histórica Conjunto Habitacional Las Catonas", se aprobó una diferencia a favor de la empresa de $3.498.709,55, que con las reservas de ley asciende a $3.673.645,01. Esto se suma a más de 66 millones ya abonados como ajuste provisorio. Un rescate patrimonial que se encarece.
Readecuación Eléctrica del Hospital Carrillo (OSHI S.A.): La "Readecuación Eléctrica del Hospital Carrillo” en Tres de Febrero recibirá una diferencia a favor de $4.098.811,93 (sumando anticipo y obra básica), llevando el total a comprometer con reservas a $2.659.956,45. Un ajuste crucial para la infraestructura de salud, que ya había recibido casi 70 millones en ajustes provisorios.
Construcción CAPS Stone en Escobar (ROL INGENIERÍA S.A.): La obra de "Construcción CAPS Stone - Escobar /AMBA" es la que se lleva la tajada más grande. La diferencia a favor de la contratista supera los $20.352.347,82 (sumando anticipo y obra básica), alcanzando un total a comprometer de $21.323.759,25 con las reservas. Aquí, los ajustes provisorios ya superaban los 326 millones de pesos.
Todas estas resoluciones destacan que las empresas renuncian a futuros reclamos por mayores costos, intereses o perjuicios, un punto clave para evitar litigios futuros. Sin embargo, la constante necesidad de estos reajustes pone de manifiesto la volatilidad económica y el costo que implica para el erario público mantener la continuidad de proyectos esenciales.
