IPPV de Río Negro intima a ocupantes de viviendas por incumplimiento y deuda
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) rionegrino intimó a dos adjudicatarios a ocupar sus unidades y cancelar deudas en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de desadjudicación y bloqueo de cuenta.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV)
El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) de la Provincia de Río Negro ha emitido dos intimaciones a adjudicatarios de unidades habitacionales por incumplimiento de las condiciones de ocupación y pago. Estas acciones buscan regularizar la situación de viviendas sociales y asegurar el acceso a quienes realmente las necesitan y cumplen con las normativas.
Casos específicos:
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Blanca Susana Borquez (DNI 11.846.232): Intimada a ocupar la unidad del Plan 181, Departamento 96, Primer Piso, E. N° 08, en San Carlos de Bariloche, junto a su grupo familiar. Además, se le exige cancelar la deuda que mantiene con el organismo. El plazo es de diez (10) días de recepcionada la intimación. En caso de negativa tácita o expresa, el IPPV procederá a la desadjudicación de la unidad por incumplimiento de la normativa vigente.
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Paulo Daniel Bentevenga (DNI 24.626.859): Intimado a formular el descargo correspondiente y a ocupar de forma inmediata, con su grupo familiar, el inmueble sito en calle Presidente Arturo Illia N° 1293 - Plan 50 Viviendas Programa Federal, en General Conesa. El plazo otorgado es de diez (10) días hábiles. Ante el incumplimiento, se iniciará el proceso administrativo para dejar sin efecto la adjudicación y se bloqueará preventivamente la cuenta del adjudicatario.
Importancia de la medida
Estas intimaciones reflejan el compromiso del IPPV con la gestión eficiente de su parque habitacional. El incumplimiento de la ocupación efectiva y el pago de las cuotas de amortización son causales habituales para la revisión de las adjudicaciones, buscando la rotación de viviendas para aquellos que esperan en los registros y el sostenimiento financiero del sistema de vivienda social. La transparencia de estas notificaciones, publicadas en el Boletín Oficial, garantiza el debido proceso y la posibilidad de defensa de los afectados.
