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El Ministerio de Cultura aprueba una catarata de contratos de locación de servicios artísticos, manteniendo encendida la llama del gasto público en tiempos de ajuste. La opacidad en los detalles genera dudas sobre la transparencia.
En una movida que genera más preguntas que respuestas, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de las Resoluciones N° 703, 704, 705 y 706/MCGC/26, aprobó una serie de contratos de locación de servicios artísticos. Estas aprobaciones, que vienen con la etiqueta de "Poder Ejecutivo - Resolución", confirman un flujo constante de fondos hacia el sector cultural, a pesar de las promesas de austeridad y control del gasto.
Cada una de estas resoluciones, que cuentan con anexos adjuntos (aunque no se detallan públicamente los beneficiarios ni los montos exactos), representa un compromiso financiero del Estado para con artistas y gestores culturales. Si bien el fomento a la cultura es un pilar fundamental para el desarrollo social, la opacidad en los detalles y la acumulación de estas aprobaciones en un corto período disparan las alarmas sobre la gestión de los recursos.
¿Qué tipo de servicios artísticos se están contratando? ¿Quiénes son los artistas beneficiados? ¿Cuál es el criterio de selección y los montos involucrados? Estas son preguntas clave que quedan en el aire y que el ciudadano de a pie, quien financia con sus impuestos estas iniciativas, tiene derecho a conocer. La falta de transparencia en la publicación de los anexos hace que sea imposible para la opinión pública y los organismos de control evaluar si estos gastos son eficientes, si se realizan bajo un marco de competencia justa, o si, por el contrario, responden a intereses particulares.
"Mientras se pide esfuerzo a la ciudadanía y se recortan áreas sensibles, la cultura sigue siendo un nicho donde el gasto parece no tener límites claros ni la debida justificación pública", señalan algunos observadores críticos.
La industria cultural, aunque vital para la identidad y el desarrollo social, debe ser gestionada con la misma rigurosidad y transparencia que cualquier otra área del Estado, especialmente en un contexto de crisis económica y alta demanda de rendición de cuentas.
