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Desde nuevas comisarías y telemetría de agua hasta la venta de terrenos estratégicos, el Estado bonaerense lanza licitaciones millonarias que redefinirán la infraestructura y el paisaje provincial.
La provincia de Buenos Aires se prepara para un movimiento económico sin precedentes con una batería de licitaciones y solicitudes de propuestas que superan los 2.800 millones de pesos. El Boletín Oficial detalla una serie de iniciativas que impactarán desde la seguridad ciudadana hasta la gestión del agua y el desarrollo urbano, abriendo la puerta a grandes negocios para el sector privado.
El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) busca construir una Comisaría de la Mujer y la Familia y una de Seguridad Ciudadana por un presupuesto oficial de $1.353.207.770,85, con apertura el 29 de enero de 2026. Además, licita servicios de Promoción Socio Ambiental y Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos Urbanos Secos para Villa Itatí en Quilmes, por $449.478.509,23, con apertura el 28 de enero de 2026. Estos proyectos prometen mejorar la calidad de vida y la seguridad en zonas vulnerables.
El Ministerio Público de la Defensa busca adquirir un inmueble para la Defensoría Pública de Azul con asiento en Tandil, con apertura de ofertas el 10 de junio de 2026, una movida crucial para garantizar el acceso a la justicia en el interior provincial.
En el ámbito de la infraestructura hídrica, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos licita la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de Caudalímetros y Sistemas de Telemetría para la Medición de Caudales en Bahía Blanca por $854.954.510,00, con apertura el 20 de febrero de 2026. Una obra fundamental para la gestión eficiente del agua en una región clave.
Finalmente, la Municipalidad de Rojas pone a la venta dos terrenos estratégicos mediante licitación pública: uno con un valor estimado de $151.200.000 y otro de $21.420.000, ambos con apertura el 29 de enero de 2026. Estas ventas podrían generar ingresos significativos para las arcas municipales, pero también plantean preguntas sobre el destino de las tierras públicas.
Estos anuncios representan un fuerte impulso a la obra pública y al mercado inmobiliario, con millones en juego y plazos apretados para los interesados. La transparencia y el impacto real de estas inversiones serán monitoreados de cerca por la ciudadanía.
