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Dos decretos presidenciales sacuden a la comunidad de excombatientes de Malvinas. Uno ajusta la retroactividad de una pensión graciable y otro niega un ascenso, generando fuerte polémica sobre el reconocimiento a quienes defendieron la Patria.
"El Presidente de la Nación Argentina decreta: Hácese lugar parcialmente al recurso jerárquico..."
Dos decisiones presidenciales publicadas hoy en el Boletín Oficial generaron un fuerte impacto en el ámbito de los Veteranos de Guerra de Malvinas, demostrando la rigidez burocrática y la aplicación estricta de la ley por parte del Gobierno.
El Decreto N° 277/2026 aborda el caso del ex Soldado Conscripto “VGM” Miguel Germán ALBARELLO (D.N.I. 14.818.911). Albarello reclamaba la retroactividad de su Pensión Graciable (Ley N° 24.310) hasta el 24 de enero de 1994. Sin embargo, el Gobierno, tras rechazar su recurso de reconsideración, hizo lugar parcialmente a su recurso jerárquico. ¿El resultado? Se le reconoce el pago del beneficio retroactivo solo al 13 de octubre de 2019, en línea con el artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación sobre plazos de prescripción. Esto significa que Albarello verá recortados varios años de retroactividad que esperaba. La justificación oficial es evitar gastos judiciales en "juicios que se saben perdidos de antemano", una postura que genera controversia.
Por otro lado, el Decreto N° 276/2026 fulminó la aspiración del señor Oscar Patricio MERLO (D.N.I. 16.552.641) de obtener el grado de Subteniente de la Reserva. Merlo, junto a otros ex Soldados Conscriptos, había solicitado este reconocimiento amparándose en el Decreto N° 249/25, que otorga dicho grado al personal AOR (Aspirantes a Oficiales de Reserva) con condición de Veterano de Guerra de Malvinas. La cruda realidad que expone el decreto es que Merlo no figura en los listados oficiales de "Veteranos de Guerra de Malvinas", una condición "indispensable y excluyente". A pesar de sus argumentos, el Gobierno se mantuvo inamovible.
Estos decretos subrayan la política de austeridad y control del gasto por parte del Estado, incluso cuando se trata de reconocer a los héroes de Malvinas. Si bien se apela a la legalidad y a la aplicación estricta de las leyes, la comunidad de veteranos podría interpretar estas medidas como una falta de sensibilidad. Ambos casos agotan la vía administrativa, dejando a los afectados con la única opción de recurrir a la justicia ordinaria en un plazo de 180 días hábiles judiciales.
La lucha por el reconocimiento y los derechos de los Veteranos de Guerra continúa en los tribunales, buscando revertir estas contundentes negativas del Estado.
