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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) despliega su arsenal: aprueba un megadepósito minero en San Juan, clasifica mercaderías clave para el MERCOSUR, y aplica multas millonarias a ciudadanos por infracciones, mientras emite edictos por bienes abandonados. Un combo explosivo que agita el comercio y las finanzas.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no da respiro y muestra los dientes con una serie de medidas que impactan directamente en la logística, el comercio y el bolsillo de los contribuyentes. El Boletín Oficial de hoy es un festival de resoluciones que van desde la luz verde a un gigantesco depósito fiscal para la minería en San Juan hasta la persecución implacable de infracciones aduaneras.
Primero, la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior le dio el "ok" a la prefactibilidad de un depósito fiscal general para TERRA LOGISTICA S.A. (CUIT 30-71036680-9) en Pocito, San Juan. Hablamos de una superficie colosal de 20.000 metros cuadrados, con 5.000 m2 cubiertos y 15.000 m2 descubiertos, destinados al almacenaje de productos de la industria minera. Esto es un espaldarazo para la actividad extractiva en la provincia, que busca optimizar su cadena logística. La novedad es que se aceptó una propuesta tecnológica alternativa de control no intrusivo (un escáner móvil) ante la inviabilidad de un equipo fijo estándar. Esto podría sentar un precedente para otras instalaciones.
Por otro lado, la Dirección General de Aduanas, a través de la Resolución General 5831/2026, puso orden en la casa al clasificar diversas mercaderías en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). Esta medida es crucial para el comercio exterior, ya que define la alícuota de los impuestos y las regulaciones aplicables a bienes específicos. Si bien parece un trámite técnico, para las empresas importadoras y exportadoras, una clasificación clara es sinónimo de previsibilidad y evita dolores de cabeza futuros. Se emitieron 15 Criterios de Clasificación (del 01/26 al 15/26), abarcando un amplio espectro de productos.
Pero no todo es logística y clasificaciones. La Aduana de Rosario, mediante un aviso oficial, condenó a varios ciudadanos a pagar multas y tributos millonarios por infracciones al Código Aduanero (Art. 987). Nombres como TUNIYA GEETA ($1.241.024,39) y DAZA JUAN ANTONIO ($3.777.479,76) aparecen en la lista, enfrentando sanciones que superan el millón y hasta los tres millones de pesos. Los afectados tienen 15 días para cancelar o apelar. Este es un mensaje claro: la Aduana está activa en la fiscalización y no dudará en aplicar la ley.
Finalmente, las Aduanas de Concordia y Buenos Aires emitieron sendos edictos por mercadería sin titular conocido, sin declarar o en rezago. Desde cigarrillos y aperitivos hasta un bote de chapa, los dueños tienen un plazo de 30 días corridos para reclamar sus bienes, bajo apercibimiento de que sean declarados abandonados a favor del Estado. Esto es un recordatorio constante de la importancia de cumplir con los procedimientos aduaneros para evitar la pérdida de mercaderías.
En síntesis, la Aduana argentina se muestra activa y multifacética, buscando tanto facilitar el comercio legítimo como combatir las irregularidades. Un equilibrio delicado que impacta en la economía real.