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La AFIP-Aduana desata una ola de edictos por infracciones al Código Aduanero, con consecuencias devastadoras: desde la destrucción de mercadería prohibida hasta multas que superan los 82 millones de pesos y condenas por casi 2 millones. La lupa está sobre importadores y transportistas. ¿Qué hay detrás de esta ofensiva?
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (AFIP-Aduana) no da tregua y, a través de una serie de edictos publicados, pone en evidencia el endurecimiento de los controles y las severas consecuencias para quienes infrinjan el Código Aduanero. Estas notificaciones, dirigidas a personas con domicilio desconocido, revelan un panorama de sanciones que van desde el archivo de denuncias con diferentes desenlaces hasta multas que harían temblar a cualquiera.
Mercadería salvada, pero con costo: En el caso de ALVAREZ DIEGO JAVIER, la Aduana decidió archivar una denuncia (Actuación: 17165-1308-2017) bajo la Instrucción General (DGA) N°9/2017. La buena noticia es que su mercadería detallada en el Acta de Equipaje de Importación N.º… será entregada, pero no sin antes presentar la documentación requerida y abonar los tributos correspondientes. Esto muestra que, incluso ante una infracción (art. 977 CA), hay vías para regularizar la situación.
Mercadería condenada a la destrucción: La otra cara de la moneda la vive JUSTIN LEE. En su caso (Actuación: 17165-971-2017), la Aduana también archivó la denuncia por infracción al art. 977 CA, pero con un desenlace fatal para sus bienes: se ordenó la destrucción de la mercadería porque, atención, ¡resultó ser de importación prohibida! Un golpe durísimo que subraya los riesgos de intentar ingresar productos no autorizados al país.
Multa estratosférica en Río Gallegos: La Aduana de Río Gallegos emitió una corrida de vista por presunta infracción para TRUJILLO MEYERS VICTOR JAVIER. ¿El monto? ¡Una multa de $82.661.691,88! La infracción estaría relacionada con los artículos 863 y 864 inc. D del Código Aduanero. Se le da un plazo de diez días para presentar su defensa, pero la Aduana advierte que, de no hacerlo, se decretará la rebeldía y se aplicará la pena de comiso de la mercadería. Además, se ofrece la opción de pagar para extinguir la acción penal, pero el comiso sigue en pie. Una cifra que redefine el concepto de “costoso”.
Condenas millonarias a transportistas: También en Río Gallegos, se emitieron resoluciones de condena para TRANSPORTE PERALTA RG (CUIT 20-18848231-8) y ZARZAVILLA ANTONIO JAVIER (DNI 22.370.964). Ambos fueron sancionados con una multa de $1.983.970,00 cada uno por infracción al artículo 962 del Código Aduanero. Tienen quince días para interponer una demanda contenciosa ante un juez competente o apelar al Tribunal Fiscal de la Nación si la condena excede los $25.000. Un claro mensaje a las empresas de transporte sobre la necesidad de extremar los cuidados.
Estos casos demuestran la intransigencia de la Aduana en la aplicación de la Ley 22.415. Las multas son exorbitantes y la confiscación o destrucción de mercadería es una realidad. Para los importadores y transportistas, la lección es clara: la supervisión y el cumplimiento normativo son fundamentales para evitar sanciones que pueden llevar a la quiebra. Para el ciudadano común, es un recordatorio de la importancia de conocer las regulaciones aduaneras al viajar o realizar compras internacionales, especialmente sobre la mercadería prohibida. Estar informado es la mejor defensa. Se recomienda siempre consultar con especialistas en comercio exterior para evitar sorpresas desagradables.