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El Ministerio de Capital Humano homologó un acuerdo entre la automotriz INERCIKAR S.A. y SMATA para suspender personal con pago de una prestación no remunerativa. La medida, que afecta a un listado de empleados, genera preocupación en el sector y sienta un precedente polémico.
El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, acaba de validar un polémico acuerdo de suspensiones en la empresa INERCIKAR SOCIEDAD ANÓNIMA, del rubro automotor. Este pacto, firmado con el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (SMATA), permite a la empresa suspender a parte de su personal, aunque con el compromiso de pagar una prestación no remunerativa durante el período de inactividad, amparándose en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Lo más llamativo es que la homologación se da sin la necesidad de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) formal, argumentando un "reconocimiento tácito" de la situación crítica por parte del sindicato.
Para los trabajadores de INERCIKAR S.A., esta medida significa una reducción de ingresos y una fuerte incertidumbre laboral, aunque se mantiene el vínculo y una parte del sueldo. Para la empresa, es una forma de reducir costos operativos en un momento de dificultad, evitando despidos masivos que implicarían mayores indemnizaciones. Para el mercado laboral, la facilidad para homologar suspensiones sin un PPC expreso podría sentar un precedente preocupante, flexibilizando las condiciones de las empresas para ajustar su plantilla en momentos de crisis. El Ministerio, al avalar este camino, prioriza la "preservación de los puestos de trabajo" por encima de los trámites formales.
El artículo 223 bis de la LCT es una herramienta que permite acuerdos de suspensiones con pago de sumas no remunerativas para superar crisis. Sin embargo, la Ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 exigen un Procedimiento Preventivo de Crisis previo. La justificación de un "reconocimiento tácito" del sindicato es un atajo que la administración actual parece dispuesta a convalidar. Esto se da en un marco económico complejo, donde varias industrias, incluida la automotriz, enfrentan desafíos significativos. Esta homologación es una señal clara de la postura del Gobierno frente a la crisis empresarial: facilitar los acuerdos para evitar despidos, incluso si eso implica flexibilizar los requisitos formales. Si bien busca mantener el empleo, el riesgo es que se abuse de esta figura, convirtiendo las suspensiones en una herramienta de ajuste permanente sin la debida justificación ni control. Los trabajadores quedan en una posición vulnerable, dependiendo de la "buena fe" de las partes.
Si sos trabajador de una empresa en crisis, prestá atención a este tipo de acuerdos. Aunque mantengas el puesto, tus ingresos se verán afectados y es crucial entender tus derechos. Para las empresas, esta disposición abre una vía más rápida para gestionar crisis de personal, pero debe usarse con responsabilidad para evitar conflictos futuros.
