¡Bombazo Cooperativo! $20 Millones para Fortalecer la Economía Social Bonaerense
El Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo desembolsó $10 millones a dos cooperativas de trabajo, impulsando la adquisición de herramientas y capacitaciones en un fuerte apoyo a la economía social.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAyC)
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Cooperativa de Trabajo Otto Vargas Limitada
- Cooperativa de Trabajo Raimundo Villaflor Limitada
- Banco de la Provincia de Buenos Aires
- Ministerio de Economía
- Asesoría General de Gobierno
- Contaduría General de la Provincia
- Fiscalía de Estado
Fechas Clave
El gobierno bonaerense redobló su apuesta por la economía social. A través de las Resoluciones N° 76 y N° 77-IPAYCMPCEITGP-2026, el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAyC) otorgó un total de $20.000.000 en subsidios a dos cooperativas de trabajo, marcando un hito en el programa "Cooperativas en Marcha" y su subprograma "Impulso Cooperativo".
La Cooperativa de Trabajo OTTO VARGAS LIMITADA (CUIT 30-71898327-0), con domicilio en Pigüé, recibió PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00). ¿El destino? La adquisición de herramientas e insumos para potenciar su producción. Este apoyo busca fortalecer su capacidad operativa y su inserción en el sistema productivo provincial.
Por otro lado, la Cooperativa de Trabajo RAIMUNDO VILLAFLOR LIMITADA (CUIT 33-71186182-9), de Avellaneda, también fue beneficiada con PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00), destinados a capacitaciones y asesoramiento. Esta inversión en capital humano es clave para mejorar la gestión, la eficiencia y la competitividad de la cooperativa en un mercado cada vez más exigente.
Ambos subsidios, enmarcados en la Ley N° 15.557 de Presupuesto 2026, buscan "promover el trabajo y la producción cooperativa, fortaleciendo su rol social y económico en el territorio bonaerense". Para el ciudadano, estas inyecciones de capital en cooperativas se traducen en generación de empleo, desarrollo local y una economía más inclusiva. Es fundamental que estos fondos sean rendidos y que se vea un impacto real en las comunidades donde operan estas entidades, asegurando que el dinero público cumpla su objetivo de impulsar un modelo productivo más equitativo. La rendición de cuentas deberá realizarse en un plazo de 180 días.
