CUCAIBA: Megalicitación de $4.100 millones en medicamentos para trasplantes

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) dio luz verde a la adjudicación de la Licitación Pública Nacional N° F-7/26, destinada a la provisión de medicamentos de alto costo para su Farmacia Central. La operación asciende a un monto total de $4.100.302.607,90 y busca asegurar el acceso integral y gratuito a prácticas trasplantológicas para los habitantes de la provincia que lo necesiten.

La adquisición de estas especialidades medicinales es fundamental para las diferentes fases del trasplante: pretrasplante, trasplante y post-trasplante. Incluye fármacos como albúmina humana, anfotericina B liposomal, caspofungina, posaconazol, voriconazol, isavuconazol (antifúngicos), aztreonam y avibactam + ceftazidima (antibióticos), basiliximab (anticuerpo monoclonal para rechazo), y drogas como bendamustina, busulfan y melfalan, indispensables para los protocolos de trasplante de médula ósea. También se incluyen inmunosupresores vitales como ciclosporina, everolimus y micofenolato sódico, cuya falta podría llevar al rechazo del injerto.

En el proceso de licitación, que se tramitó bajo el Sistema de Compras Electrónicas Provincia de Buenos Aires (PBAC), se recibieron diecisiete ofertas. Tras evaluaciones, mejoras de precios y prerrogativas, se adjudicó la contratación a diversas firmas farmacéuticas, entre ellas Lanafyl de Argentina S.A., Lozacomvior S.A., Droguería Disval S.R.L., Norgreen S.A., Novartis Argentina S.A., DNM Farma S.A., Suizo Argentina S.A., Pfizer S.R.L., Sanofi-Aventis Argentina S.A., Sols S.A., Dihemo S.A. y Laboratorios Richet S.A. Se declaró desierto un renglón por falta de ofertas y se rechazaron otras por precios irrisorios o incumplimientos técnicos.

Impacto directo en la salud pública:

Esta medida tiene un impacto positivo y muy alto en la salud de miles de pacientes trasplantados o en lista de espera en la provincia de Buenos Aires. La disponibilidad de estos medicamentos garantiza la continuidad de tratamientos vitales, previniendo el rechazo de órganos y otras complicaciones graves. La inversión estatal en este rubro es una clara señal de priorización del acceso a la salud para la población más vulnerable. Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que se está trabajando para asegurar los recursos necesarios para tratamientos de alta complejidad.