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El Tribunal de Cuentas bonaerense no perdona: millonarios cargos por irregularidades y multas impactantes a intendentes y equipos municipales de Guaminí, Florencio Varela y General San Martín, demostrando una fiscalización implacable sobre los fondos públicos.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sacudió el escenario político municipal con una serie de fallos lapidarios que exponen la fragilidad en la gestión de fondos públicos y la responsabilidad pecuniaria de funcionarios, tanto pasados como presentes. En un combo explosivo de decisiones, se desaprobaron gastos, se ratificaron cargos millonarios y se aplicaron multas que suman millones de pesos a intendentes y sus equipos en Guaminí, Florencio Varela y General San Martín.
El Fallo 43/2026 puso la lupa sobre el ejercicio 2016 de la Municipalidad de Guaminí, formulando cargos por un total de $1.195.644,32 y $1.807.026,28. Los señalados son los ex Intendentes José Augusto NOBRE FERREIRA y Néstor Fabián ÁLVAREZ, junto a contadores y asesores letrados como Diego Hernán LIZZANO, Marilina VARELA y Luciano CORRADINI. ¿El motivo? Egresos desaprobados que ahora deberán ser resarcidos. Una clara señal de que las cuentas del pasado aún pueden pasar factura, y de que la Ley N° 10.869 tiene dientes afilados.
En otro dictamen, el Fallo 19/2026 ratificó una sanción previa, manteniendo un cargo pecuniario solidario de $7.205.091,39. Los responsables son Graciela Liliana ROLHAISER, Ariel Esteban MARCATILI y Ricardo Alberto NARBAIS, involucrados en un sumario de responsabilidad patrimonial del ejercicio 2016. Este caso subraya la persistencia del Tribunal en asegurar que quienes manejan el dinero público respondan por sus actos, incluso años después.
Los Fallos 52/2026 no se quedaron atrás y, aunque aprobaron la rendición de cuentas de los ejercicios 2024 de Florencio Varela y General San Martín, aplicaron multas individuales exorbitantes a un ejército de funcionarios.
'Estos fallos demuestran que el control sobre los fondos públicos es una prioridad ineludible. Nadie está exento de la fiscalización, y las sanciones pecuniarias son un recordatorio contundente de la responsabilidad que implica gestionar el dinero de todos los bonaerenses.'
Los funcionarios afectados tienen noventa días para depositar los montos y quince días para apelar. La Municipalidad de Guaminí, Florencio Varela y General San Martín, así como el Ministerio de Gobierno y Economía de la Provincia, fueron debidamente notificados. Para el ciudadano común, estos expedientes son la prueba de que, a pesar de la burocracia, existe un organismo que busca transparencia y buena administración en los municipios, protegiendo los recursos que provienen de sus impuestos. Estar atento a la página del H. Tribunal de Cuentas es clave para seguir estas y futuras novedades.
