Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) revoca una pensión honorífica a un ex combatiente de Malvinas condenado por delitos de lesa humanidad y le exige la devolución de $7.7 millones. Además, se revelan inhibiciones generales de bienes a otros deudores por haberes indebidos.
La provincia de Buenos Aires muestra los dientes en la recuperación de fondos públicos. El Instituto de Previsión Social (IPS) ha lanzado un mensaje contundente con la Resolución N° 11.737: no hay beneficios para quienes traicionan los valores de la ley. La resolución revoca la Pensión Honorífica de Ex Combatiente de Malvinas otorgada a Daniel Eduardo ROBELO (DNI 5.190.318), quien fuera condenado a Prisión Perpetua en la causa “Base Naval III y IV” por crímenes aberrantes como privación ilegal de libertad agravada, tortura y homicidio.
El IPS no solo le quita el beneficio, sino que le exige la devolución de $7.783.003,80 por los haberes cobrados indebidamente entre el 30 de agosto de 2012 (fecha de su procesamiento) y el 31 de octubre de 2022. ROBELO tiene un plazo perentorio de 10 días para proponer un plan de pago o saldar la deuda, bajo la advertencia de que se confeccionará un Título Ejecutivo para su cobro judicial. Este caso sienta un precedente ineludible: la ley 12.006, que otorga la pensión, establece claramente la caducidad del beneficio si el personal es condenado por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Pero el IPS no se detiene ahí. La Resolución N° 36.086 también destapa una serie de inhibiciones generales de bienes contra otros ex beneficiarios por deudas millonarias de haberes previsionales percibidos sin causa. Alicia Maria FERNANDEZ (DNI 1.355.329) debe $308.590,23, Gonzalo Alejandro GERVINO (DNI 37.710.460), $458.411,04, y Maria Esther FORLANI (DNI 3.950.625), la impactante cifra de $3.962.508,49. Todas estas medidas cautelares ya fueron anotadas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires durante 2025.
Estas resoluciones evidencian la firmeza del Estado en la defensa de los fondos públicos y en la aplicación de la ley, incluso en casos de alta sensibilidad social como los ex combatientes. Para el ciudadano común, es una señal clara de que los beneficios estatales no son incondicionales y que la percepción indebida de fondos tendrá consecuencias legales severas.
