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El Patronato de Liberados Bonaerense desembolsa más de 63 millones de pesos en un polémico acuerdo con el Ministerio de Seguridad para reforzar la "Policía Adicional". ¿Garantía de orden o derroche de fondos?
El Boletín Oficial bonaerense acaba de confirmar lo que muchos sospechaban: el Patronato de Liberados Bonaerense autorizó una Contratación Directa con el Ministerio de Seguridad provincial por la friolera de $63.569.875,60. ¿El objetivo? Garantizar el servicio de Policía Adicional (POLAD) en sus dependencias, un gasto que ya genera debate en la opinión pública.
La Resolución N° 87-PALB-2026 aprueba la extensión del servicio de seguridad para el período que va desde el 1° de mayo de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026. Esto implica una continuidad de la vigilancia en las oficinas y centros del Patronato, que asiste a personas liberadas del sistema penitenciario. La medida se enmarca en la Categoría N° 1, establecida por la Resolución N° 162/2016 del Ministerio de Seguridad, que fija los valores de estos servicios.
El valor horario del servicio de Policía Adicional para la Categoría N° 1 se fijó en $4.799,90 a partir del 1° de abril de 2026. En total, se contratarán 13.244 horas de servicio, sumando el impresionante monto de más de 63 millones de pesos. Este dinero, que sale del Presupuesto General Ejercicio 2026 (Ley N° 15.557), busca asegurar la presencia policial en un área sensible, donde la supervisión de ex-convictos es clave para la seguridad pública.
"Este desembolso millonario subraya la importancia que el gobierno provincial le asigna a la seguridad y el control de los liberados, aunque siempre surge la pregunta sobre la eficiencia del gasto público", comentó una fuente allegada al Ministerio de Economía.
La contratación es directa entre dos organismos estatales, el Patronato y el Ministerio de Seguridad, lo que asegura que los fondos queden dentro de la órbita pública. Si bien es una medida administrativa recurrente, la magnitud del monto y el contexto de ajuste generalizado la ponen bajo la lupa. La continuidad de este servicio es fundamental para la contención social y la prevención del delito, garantizando que las personas que transitan el proceso de liberación cuenten con un entorno supervisado, pero el monto no deja de ser un tema de conversación.
Para el ciudadano común: este tipo de gastos impacta directamente en cómo se distribuyen los recursos públicos. ¿Es este el mejor uso de casi 64 millones de pesos? ¿Se garantiza una seguridad efectiva o es un costo elevado por una burocracia necesaria? Estar atentos a estas cifras es clave para entender la gestión de nuestros impuestos y cómo se aborda la seguridad en la provincia más grande del país.
Manténgase informado sobre futuras actualizaciones y el seguimiento de estos contratos a través de los canales oficiales y medios de comunicación que monitorean el gasto público.
