Ministerio de Justicia crea comisión para modernizar el Código Penal Federal
Se conformó una comisión interinstitucional para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal, buscando eficiencia y actualización.
Índices de Impacto
Organizaciones
- MINISTERIO DE JUSTICIA
- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN
- CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL
- PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
- DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
- ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
- ASOCIACIÓN DE FISCALES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN
El Ministerio de Justicia, mediante la Resolución 276/2026, creó la “COMISIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL”. Esta nueva comisión reemplaza a una anterior con objetivos similares y tendrá la tarea crucial de elaborar un anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019).
La iniciativa responde a la necesidad de consolidar el modelo acusatorio en la justicia penal federal, buscando mayor transparencia, eficiencia y respeto por las garantías constitucionales. La dinámica criminal contemporánea, que incluye delitos económicos complejos, ciberdelincuencia y crimen organizado, exige respuestas procesales adecuadas y una actualización constante del marco normativo.
La comisión será presidida por el Ministerio de Justicia y estará integrada por representantes de instituciones clave del sistema judicial, incluyendo:
- La Corte Suprema de Justicia de la Nación.
- El Consejo de la Magistratura de la Nación.
- La Cámara Federal de Casación Penal.
- La Procuración General de la Nación.
- La Defensoría General de la Nación.
- Asociaciones de Magistrados y Fiscales.
Esta composición plural e interdisciplinaria busca integrar la experiencia práctica de jueces, fiscales y defensores. La comisión trabajará ad honorem y contará con el apoyo técnico de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa del Ministerio. La reforma apunta a simplificar procedimientos, proteger los derechos de las víctimas y fortalecer las garantías del acusado, optimizando los recursos institucionales.
