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Nueva designación en el Juzgado Civil Nº 25 de Capital Federal

El Poder Ejecutivo oficializó el nombramiento del doctor Santos Enrique Cifuentes como Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25, tras obtener el acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

Nueva designación en el Juzgado Civil Nº 25 de Capital Federal
Balanzas de la justicia frente a un edificio judicial

Índices de Impacto

Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo

Organizaciones

  • Poder Ejecutivo Nacional
  • Honorable Senado de la Nación
  • DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
  • Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25 de la Capital Federal

Fechas Clave

24/06/2026
Fecha de decreto
25/06/2026
Publicación en Boletín Oficial

El Gobierno nacional, a través del Decreto 545/2026, formalizó la designación del doctor Santos Enrique Cifuentes como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25 de la Capital Federal.

Este nombramiento se inscribe en el marco de las atribuciones que le confiere al Presidente de la Nación el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y se concretó luego de que el Honorable Senado de la Nación brindara el acuerdo correspondiente para su postulación.

Impacto y Contexto

Las designaciones de jueces son parte del funcionamiento rutinario del Poder Judicial y aseguran la continuidad en la administración de justicia. Estos actos son fundamentales para mantener operativa la estructura judicial y garantizar el acceso a la justicia para los ciudadanos. En este caso, el doctor Cifuentes asumirá un rol clave en la resolución de litigios civiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Este tipo de actos, aunque administrativos, son de vital importancia para el sistema institucional, ya que consolidan la conformación de los tribunales y la aplicación de las leyes. La transparencia en los procesos de selección y nombramiento, con la intervención de ambos poderes (Ejecutivo y Legislativo), es un pilar de la institucionalidad republicana.

Para los ciudadanos, significa la renovación de un cargo que impacta directamente en la celeridad y eficacia de los procesos judiciales en materia civil.

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