¡Revolución en el campo! Argentina lanza nuevas reglas para los Organismos Genéticamente Modificados

El Ministerio de Economía ha dado un golpe de timón en la regulación de la biotecnología agropecuaria con la Resolución 255/2026. Esta medida deroga la histórica Resolución 763/2011 y establece un nuevo y ambicioso marco para todas las actividades que involucren Organismos Genéticamente Modificados (OGM), abarcando desde usos agrícolas y pecuarios hasta ictícolas, forestales, ornamentales, agroalimentarios y agroindustriales.

La clave de esta reforma es la agilización y simplificación de los procesos de autorización. El Gobierno busca que Argentina siga siendo un líder en biotecnología, garantizando la bioseguridad pero eliminando cargas innecesarias. Se establecen tres instancias de evaluación cruciales para la autorización comercial:

• Evaluación de riesgo para el agroecosistema: a cargo de la Coordinación de Innovación y Biotecnología y la CONABIA, con un plazo máximo de 120 días hábiles.
• Evaluación de aptitud alimentaria humana y animal: responsabilidad de la Coordinación General de Biotecnología del SENASA, también en 120 días hábiles.
• Dictamen sobre impactos en la comercialización: a cargo de la Dirección de Políticas de Mercados, con un plazo de 30 días hábiles tras las evaluaciones anteriores.

Lo innovador es que las dos primeras evaluaciones podrán realizarse en simultáneo, y las áreas competentes tendrán la facultad de determinar cuáles evaluaciones son necesarias según la naturaleza y el uso propuesto del OGM. Además, se introduce una Instancia de Consulta Previa (ICP) opcional para que los interesados puedan definir con antelación los requisitos.

Este nuevo esquema, que entrará en vigencia 30 días después de su publicación, busca fomentar la inversión y la innovación en el sector, potenciar las exportaciones y maximizar el aprovechamiento de la capacidad agroindustrial del país. También se alinea con acuerdos internacionales, como los memorandos con Brasil, Paraguay y Uruguay para la creación de una Red Internacional de Bioseguridad.

¡Atención, empresas y productores! El incumplimiento de las normativas de bioseguridad o la falsedad en la información pueden acarrear sanciones severas, incluyendo la intervención inmediata de materiales y la posible quita de autorizaciones por hasta cinco años. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será la autoridad de aplicación y dictará normas complementarias.