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Santa Fe: Nuevas reglas para gastos reservados

El Tribunal de Cuentas de Santa Fe modifica el régimen de rendición de gastos reservados para adaptarlo a la Ley Provincial N° 14240, simplificando la documentación requerida.

Santa Fe: Nuevas reglas para gastos reservados
Balanzas de justicia sobre documentos

Índices de Impacto

Liberación
RegulaciónLiberación
Mercado/Estado
Pro EstadoPro Mercado
Colectivismo
Pro IndividuoPro Colectivo

Organizaciones

  • Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe
  • Ministerio de Justicia y Seguridad

Fechas Clave

23/06/2026
Fecha de resolución

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, a través de la Resolución N° 145, ha introducido cambios significativos en la reglamentación de las rendiciones de gastos reservados o especiales. Esta modificación, que ajusta el Apartado 12º del Anexo III de la Resolución Nº 0029/20 TCP, busca adaptarse a la Ley Provincial N° 14240, sancionada en diciembre de 2023.

La Ley N° 14240 define los gastos reservados como aquellos destinados a investigaciones criminales complejas o a la preservación de la vida e integridad física de personas relacionadas con dichas investigaciones. Una de las claves de la reforma es que, cuando la divulgación del origen o aplicación de estos gastos pueda afectar la investigación o poner en peligro a personas, la rendición podrá ser de carácter reservado por un plazo de hasta un año, prorrogable.

La principal novedad de la Resolución N° 145 es la flexibilización en la documentación de respaldo. Ahora, si es imposible obtener un comprobante tradicional, el funcionario que autorice el gasto podrá adjuntar una Declaración Jurada que justifique la aplicación de los fondos y los motivos de la falta de respaldo documental. Además, se aceptará como rendición toda prueba documental que se relacione con la función de investigación criminal.

Esta medida busca agilizar los procedimientos en situaciones sensibles que requieren discreción, sin renunciar al control. Para la ciudadanía, implica un equilibrio entre la necesidad de transparencia en el uso de fondos públicos y la eficacia en la lucha contra el crimen organizado y la protección de testigos o informantes, reconociendo la particularidad de estas erogaciones. El Tribunal de Cuentas reafirma su rol de control, pero con un enfoque más pragmático para este tipo de gastos.

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