Seguridad: Estandarizan pericias forenses federales

El Ministerio de Seguridad Nacional dio un paso fundamental para modernizar y unificar las prácticas forenses en el ámbito federal. A través de la Resolución 423/2026, se aprobó el "Nomenclador Unificado de Actividades Periciales (NUAP)" y su "Documento Complementario -NUAP-". Estos instrumentos tienen como objetivo principal estandarizar los procedimientos relacionados con la identificación, clasificación y valoración de las distintas pericias en el marco de las investigaciones judiciales.

¿Qué significa el NUAP?

El NUAP es una herramienta vital para las Fuerzas Federales de Seguridad (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal). Su implementación busca asegurar mayores estándares de precisión, objetividad y confiabilidad en las tareas de investigación, proporcionando a las autoridades judiciales y fiscales herramientas probatorias de alta calidad y validez técnica.

La elaboración de este nomenclador contó con la participación de especialistas de todas las fuerzas, garantizando que las prácticas operativas se armonicen con criterios científicos, técnicos y jurídicos compatibles con estándares internacionales. El documento complementario, por su parte, detalla la definición y el alcance técnico de cada tipo de pericia, facilitando una interpretación homogénea y un registro consistente en todas las instituciones.

Impacto y proyección

Esta medida no solo fortalece la eficiencia operativa y la sustentabilidad financiera en el cálculo de costos periciales, sino que también representa un avance significativo en la modernización de las funciones periciales de seguridad federal. Además, el Ministerio invita a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a estos nuevos estándares, lo que podría sentar las bases para una unificación de criterios a nivel nacional en la policía científica.

Para los ciudadanos, esto se traduce en una mejora en la calidad de las investigaciones criminales y, consecuentemente, en una administración de justicia más robusta y confiable. Es un paso adelante para garantizar que la evidencia científica sea tratada con la mayor rigurosidad en todo el país.